En Santa María Chi siguen respirando la peste de los cerdos; clausura solo fue en el papel
La Profepa anunció una clausura “total y definitiva” hace casi un mes, pero en Santa María Chi los cerdos siguen llegando, el olor no se va y la autoridad brilla por su ausencia.
Por David Rico
Mérida, Yucatán, 07 de octubre de 2025.– En Santa María Chi, la llamada “clausura total y definitiva” de la granja porcina parece ser un acto simbólico, de esos que solo existen en el papel y en una calca oficial. En la realidad, la peste sigue viva, el olor persiste y los camiones con cerdos continúan circulando como si nada hubiera pasado.
La comunidad maya del lugar denunció que la empresa Pecuaria Peninsular sigue operando con total impunidad, pese a que la Profepa anunció el cierre del sitio desde el pasado 9 de septiembre. En videos difundidos por los propios habitantes, se observan los camiones “completamente llenos de cerdos” ir y venir frente a todos, menos a los ojos de la autoridad ambiental.
“Aquí dejamos un video de dos, es un camión lleno de cerdos en la báscula; esta unidad cuenta gps, para que nos digan que no saben a dónde se van esos animales……”, se lee en la publicación que acompaña los videos.
La comunidad no se anda con rodeos.
“Nosotros seguimos respirando la apeste, monitoreando agua contaminada a la fecha y hora de la presente. La clausura total y definitiva está únicamente en un papel y una calca”, agregan.
El reclamo es directo: exigen que las autoridades actúen. Porque, a pesar de las declaraciones, comunicados y sellos de clausura, en Santa María Chi la realidad huele mal, literalmente.
Fue el 9 de septiembre cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró —al menos en teoría— la empresa Pecuaria Peninsular, luego de que esta incumpliera de forma reiterada siete medidas correctivas impuestas desde hace años. Entre las irregularidades destacan la descarga de aguas residuales sin permiso y la falta de manejo adecuado de los lodos.
Según informó la dependencia, la decisión se tomó tras inspecciones y denuncias presentadas desde 2021 por comunidades mayas y organizaciones civiles que señalaron los impactos ambientales y sociales de la granja. La Profepa detalló que, tras la clausura, la empresa debía realizar un estudio de daño ambiental y proceder al desmantelamiento y abandono seguro del sitio.
Hasta ahí, todo sonaba bien. Incluso la procuradora Mariana Boy Tamborrell celebró el hecho como “un paso importante en la defensa del derecho de las comunidades al medio ambiente” y aseguró que atender las denuncias y proteger a las comunidades afectadas por las granjas porcícolas en la Península de Yucatán “seguirá siendo una de sus prioridades”.
Pero un mes después, los camiones siguen entrando y saliendo, los vecinos continúan respirando “la apeste” y la supuesta “clausura total y definitiva” sigue siendo, como ellos mismos dicen, una ficción estampada en papel y calca.
