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En Yucatán, el derecho penal es utilizado contra la libertad de expresión

Por Cecilia Abreu

“En Yucatán sí hay una práctica de utilizar el derecho penal en contra de periodistas y activistas”, visibilizó Carla Escoffié Duarte, abogada y maestra en Derechos Humanos y Democratización.

Esto, se hace evidente al mirar que, en la entidad yucateca, a diferencia de otros Estados, aún existe el delito por difamación, a pesar de que éste ha sido declarado inconstitucional por coartar la libertad de expresión, señaló.

“A pesar de eso, en Yucatán sigue vigente y hay varios periodistas que han sido denunciados por difamación únicamente por exhibir un hecho de corrupción o hecho notorio público, denuncia particular o cualquier otro tipo de situación que corresponde perfectamente a su labor periodística”.

Pero esta problemática no solamente está presente en el caso particular del llamado delito de difamación, sino que esta práctica es reiterada en el Estado; apenas hace un par de días la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo que declarar inconstitucional otro de los delitos tipificados en Yucatán, esta vez, el “ciberacoso”, pues la legislación, más que proteger de esta problemática, confería el poder para frenar protestas digitales, así como la visibilización de ciertos temas con el sustento para demandar.

“Por el contexto en el que nos encontramos en Yucatán, claramente era preocupante su presencia (del Artículo 243 bis 12 del Código Penal del Estado de Yucatán, sobre ciberacoso); recordemos que la violencia contra periodistas, la criminalización hacia periodistas se da de varias formas, en el caso de Yucatán, es a través de diversos tipos de amenazas y eso incluye el uso de la justicia en su contra”.

¿Qué pasó con el “ciberacoso”?
Puedes conocer un poco más aquí

Cabe destacar que, la abogada Escoffié Duarte, informó que la eliminación de este Artículo por instrucción de la SCJN, no implica que el delito ya no podrá ser castigado, pues este está contemplado en otros apartados como: amenazas, hostigamiento sexual y acoso dentro del Código Penal del Estado de Yucatán.

Pues, de hecho, incluso opinó que la tipificación del ‘ciberacoso’ “era absolutamente innecesario”, considerando que ya podía castigarse de por sí y únicamente abría la puerta a usarse contra activistas y periodistas.

Desde su perspectiva, lo que realmente es urgente es capacitar al personal y asignar presupuestos para la impartición de justicia, pues legislar para incrementar penas o reconocer delitos (que ya están en la Ley) es únicamente una cortina de humo que no sirve de nada mientras las víctimas no tengan acceso a la justicia.

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