Ericka Contreras denuncia violencia digital y amenazas de muerte; pide protección urgente

En rueda de prensa acusó una campaña de odio en redes en su contra, presuntamente orquestada por su ex pareja, con filtración de documentos judiciales, amenazas explícitas y ataques dirigidos también a su hija; pide medidas urgentes de protección. Las publicaciones que se activan en momentos clave del proceso judicial.

Por David Rico

Mérida, Yucatán, a 26 de marzo de 2026.- En el contexto de un proceso penal por violencia vicaria en su contra y por la sustracción de su hija, la activista Ericka Contreras Pérez denunció una escalada de violencia digital que incluye amenazas de muerte, difusión de documentos confidenciales y una campaña sostenida de ataques en redes sociales.

En rueda de prensa, explicó que esta situación se da mientras su expareja permanece en prisión preventiva, vinculado a proceso por los delitos de violencia familiar, violencia vicaria, sustracción de menores, lesiones y desaparición forzada por particulares agravada, en un caso que derivó de la retención y ocultamiento de su hija durante el proceso legal.

“Hoy enfrento una escalada de violencia digital que ha ido creciendo en intensidad, alcance y consecuencias”, señaló.

De acuerdo con su testimonio, diversas cuentas y páginas en redes sociales han difundido contenido relacionado con su caso, entre ellas Red Igualitaria MX, que surgió en agosto de 2025, un mes después de la detención del imputado, y que mantiene una actividad enfocada exclusivamente en ese tema, con un número reducido de seguidores y publicaciones dirigidas a desacreditarla.

Indicó que existe la presunción de que estas acciones forman parte de una campaña coordinada y financiada, presuntamente vinculada a su expareja y a personas de su entorno, aunque subrayó que corresponde a las autoridades determinar responsabilidades. La denunciante advirtió que uno de los elementos más graves es la difusión de información reservada del expediente.

“No se trata de información pública. Se trata de contenido protegido legalmente”, dijo.

Entre los materiales filtrados mencionó transcripciones psicológicas de su hija, fragmentos de resoluciones judiciales y documentos ministeriales, lo que, apuntó, sugiere acceso directo a la investigación.

Asimismo, señaló un patrón en la temporalidad de las publicaciones pues las publicaciones suelen activarse cuando se acerca algún proceso judicial, una audiencia o una decisión que los jueces deben tomar. Además, tras cada resolución se difunden nuevos contenidos, en algunos casos con documentos privados.

El contenido difundido, añadió, no sólo descontextualiza la información, sino que ha detonado agresiones directas en su contra.

He tenido que leer mensajes que llaman a matarme: ‘quémenla’, ‘vuélenle la cabeza’”.

Entre los comentarios registrados también se encuentran frases como “maten a esa maldita perra” y “maldita hiena”, en ocasiones acompañadas de imágenes que simulan actos de violencia extrema.

La denunciante señaló que estos mensajes replican dinámicas de odio en redes, con expresiones que buscan incitar a la violencia, lo que ha generado afectaciones emocionales, sociales y laborales, además de riesgos para su hija, de siete años, quien fue sustraída presuntamente por su padre cuando tenía cinco años.

«Lo que está ocurriendo es violencia digital, es violencia mediática y es una forma de violencia de género que ya está reconocida en la ley”, sostuvo.

También indicó que las publicaciones buscan amplificar su impacto mediante el etiquetado sistemático de universidades, medios de comunicación, fundaciones y organizaciones con las que colabora, con el objetivo de afectar su entorno profesional. “Esto evidencia un interés directo en afectarme personal y profesionalmente”, afirmó.

Los hechos han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán en junio de 2025, dentro del expediente FGE/COMUN/UNATD-1734/2025, y nuevamente en marzo de 2026, en la carpeta FGE/NNA/UNATD-243/2026. Ante ello, exigió que se activen medidas de protección inmediatas. “Hoy exijo protección. Exijo actuación”, expresó.

En su posicionamiento, también advirtió sobre el riesgo en el que se encuentra. “Si algo me sucede, no será un hecho aislado. Será consecuencia de una violencia que ya fue denunciada y advertida públicamente”, dijo.

Por su parte, su abogado, Moisés Velázquez Cuevas, hizo un llamado a las autoridades estatales a actuar conforme a las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de violencia contra las mujeres.

Recordó que México es parte de la Convención de Belém do Pará, que establece la responsabilidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, y señaló que existe una obligación reforzada de protección, de acuerdo con criterios internacionales.

El litigante explicó que el caso inició cuando, en el marco de un régimen de convivencia, el padre no devolvió a la menor y posteriormente promovió recursos legales que, dijo, retrasaron el proceso. Añadió que, pese a resoluciones judiciales que ordenaban la entrega de la niña, esta no fue cumplida hasta que se ejecutó una orden de aprehensión, tras la cual la menor fue localizada.

Finalmente, subrayó que uno de los delitos por los que el imputado fue vinculado a proceso es el de desaparición cometida por particulares agravada, el cual contempla prisión preventiva, medida que se mantiene durante el desarrollo del proceso.