Feministas interponen 11 amparos contra designación de Mendoza Casanova
Activistas y organizaciones civiles denuncian que el nombramiento viola la Ley 3 de 3 contra la violencia de género y la Ley Orgánica del Poder Judicial; señalan presiones políticas para mantenerlo en el cargo.
Por Redacción
Mérida, Yucatán, 29 de agosto de 2025.- Organizaciones feministas interpusieron 11 demandas de amparo para frenar la designación de Luis Armando Mendoza Casanova como juez de primera instancia, al señalar que su nombramiento contraviene la Ley 3 de 3 contra la violencia de género y viola la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
En conferencia de prensa, María Eugenia Núñez Zapata, presidenta de Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva (Amisy), expresó la inconformidad del movimiento feminista y acusó la existencia de presiones externas para mantener al todavía magistrado en cargos de poder dentro del sistema judicial.
De acuerdo con Núñez, detrás de esta decisión podrían estar los intereses políticos del exgobernador panista Mauricio Vila Dosal, quien durante su administración permitió que Mendoza fuera consejero de la Judicatura y magistrado del Tribunal Superior de Justicia, y ahora habría intervenido para impulsarlo como juez penal. “Está claro quién insiste en que permanezca allí. ¿A quién va a servir como juez? A la sociedad, sin duda alguna no”, cuestionó.
Sobre las acciones legales, precisó que diez amparos fueron promovidos por activistas y por la exgobernadora Dulce María Sauri Riancho, mientras que el Centro de Apoyo Solidario, Documentación y Estudios, presidido por Bertha Elena Munguía Gil, presentó uno más.
Entre las mujeres que también firmaron los recursos se encuentran Lourdes Castillo Mirada, Layda Rodríguez Torres, Adelaida Salas Salazar, Rita Farjat Vázquez, Beatriz Zoreda Gamboa, Ana Laura Lores Castillo, Marisol González Barrera y Ligia Vera Gamboa, además de la propia María Eugenia.
El plan, explicó, es que las demandas se repartan entre los Juzgados de Distrito de Mérida para que se conceda la suspensión provisional y Mendoza Casanova no pueda tomar protesta como juez de control. En ese sentido, llamó a las y los jueces federales a frenar la designación.
Recordó que hace unos meses, el Congreso local había eliminado al magistrado de la lista de aspirantes a jueces precisamente por sus antecedentes de violencia contra mujeres, por lo que resulta incomprensible que ahora el Consejo de la Judicatura lo haya reincorporado al servicio público. “El anterior gobernador lo sabía, los magistrados también. Entonces, ¿qué interés se defiende con tanto empeño?”, cuestionó.
Otro de los argumentos planteados en los amparos es que en diciembre de 2023, Mendoza presentó su renuncia como consejero de la Judicatura para convertirse en magistrado del Tribunal Superior, lo cual constituye causal de separación de la carrera judicial, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley Orgánica. Por lo tanto, al renunciar, perdió de manera definitiva los derechos inherentes al cargo, lo que a juicio de las activistas hace inválido su actual nombramiento.
Durante la conferencia, Núñez también criticó que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, María Carolina Canto Valdés, así como los consejeros Álvaro Juanes Laviada y Claudia Ileana Pedrero Irabien, hayan avalado la designación. En contraste, reconoció la postura de María Ely Farfán Flores y Niger Pool Cab, quienes votaron en contra y calificó su decisión como un acto de ética jurídica.
Finalmente, Lourdes Castillo y Bertha Elena Munguía advirtieron que la designación de Mendoza Casanova representa un riesgo para las víctimas de violencia, quienes después de largos procesos judiciales podrían encontrarse frente a un juez con denuncias de violencia de género en su historial.
