Gobierno sin respuesta al caso José Eduardo ni del Plan de Austeridad

Por David Rico

Mérida, Yucatán, 8 de enero de 2022.- Al iniciar la comparecencia de funcionarios para analizar la Glosa del Tercer Informe del gobierno estatal, el coordinador de diputados del PRI, Gaspar Quintal Parra, solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre la recomendación de la CNDH en el caso José Eduardo. No hubo respuesta.

Dirigiéndose al Fiscal General, Juan Manuel León, el legislador del PRI hizo notar que el pasado 7 de enero la CNDH emitió la recomendación 50 vg/2022 sobre las violaciones graves a los derechos humanos a la vida, libertad e integridad personal y seguridad jurídica con motivo de la retención ilegal y tortura derivada del uso excesivo de la fuerza y como consecuencia la privación de la vida de presunta víctima, imputables a autoridades del estado de Yucatán y el municipio de Mérida por hechos que se cometieron durante el año 2021.

Al respecto, preguntó:

¿Se ha emitido respuesta a dicha recomendación?, ¿cuál ha sido el sentido, en caso afirmativo?

¿Cuántas carpetas de investigación se han abierto desde el año 2018, en específico en el año 2021, y cuántas han sido judicializadas, sobre delitos de casos de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes?

¿Se cuenta con protocolos para la investigación de casos que involucran tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y con servidores públicos debidamente capacitados, de acuerdo a lo que mandata la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes?

El coordinador de los diputados tricolor solicitó además información y claridad sobre el destino que se ha dado a los ahorros del Plan de Austeridad; resultados concretos en la aplicación de créditos autorizados para el programa Yucatán seguro; qué ha hecho la Fiscalía sobre recomendaciones y quejas por violaciones a derechos humanos, así como conocer el avance de las metas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo.

El primer bloque de comparecencias de este día correspondió al tema de Gobierno, Seguridad y Estado de Derecho, en el que participaron los titulares de las secretarías General de Gobierno, María Fritz Sierra; de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda; de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, así como de la Fiscalía General del Estado, Juan Manuel León León.

A Fritz Sierra, el diputado Quintal Parra, planteó que los indicadores contenidos en el texto del informe, no señalan el avance de las metas contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo y de igual forma, los indicadores numéricos no permiten conocer el porcentaje o cobertura de la población atendida y la que falta por atender en los distintos programas de gobierno, o bien conocer de manera puntual en donde se encuentran ubicados geográficamente estos beneficiarios.

En este sentido –continuó–, ¿cuál es el porcentaje de avance en las metas planteadas en el plan estatal de desarrollo 2018-2024, qué evaluaciones se han realizado y cuál es el resultado de la evaluación del impacto de los programas gubernamentales en la población?

De igual forma solicitó a la funcionaria que explique en qué han consistido las recomendaciones de mejora y sobre que programas públicos se han aplicado.

Después, tocó el turno a Rosas Moya, Secretaria de Administración y Finanzas, a quien le pidió que aclare el destino de lo ahorrado por el Plan de Austeridad, cuyo monto reportado es de 6 mil 843 millones de pesos entre enero del 2019 a noviembre del 2021.

¿Cuánto corresponde únicamente al año 2021, toda vez que en el informe de gobierno se engloba dicha cifra desde el año 2019?

¿A qué rubros del gasto público se ha destinado o redireccionado el ahorro mencionado?

¿Cuánto falta por ejercer de los 2 mil 620 millones de pesos que fueron aprobados para el Sistema Integral de Seguridad Electrónica denominado “Fortalecimiento Tecnológico de Seguridad y Monitoreo, Yucatán Seguro”? 

Finalmente, al comandante Saidén Ojeda, el coordinador de la bancada del PRI pidió que detallara los resultados en seguridad pública y refirió la autorización del Congreso para contratar empréstitos que se destinarán a inversiones públicas productivas cuyo objetivo será la implementación del Sistema Integral de Seguridad Electrónica denominado “Fortalecimiento Tecnológico de Seguridad y Monitoreo, Yucatán Seguro”.