Género y Derechos Humanos

Insisten, 3 de 3 se quedará en Yucatán

3 de 3 está vigente en Yucatán, asegura Amisy; Congreso de la Unión toma posicionamiento

Por Cecilia Abreu

Este 9 de septiembre la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy), convocó a una rueda de prensa para señalar que la legislación publicada en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, 3 de 3 contra la violencia, está vigente en la entidad y cuenta con el apoyo del Congreso de la Unión, quien se posicionó al respecto a través de las comisiones de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de Derechos Humanos.

Las reformas aplicadas a la Constitución Política del Estado de Yucatán, afirmó María Eugenia Núñez Zapata, representante de Amisy, hasta ahora continúa vigente para el Estado, pues a pesar de la acción de inconstitucionalidad que promueve la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esta última no pidió la suspensión de la Ley mientras da una resolución.

La promovente de esta legislación en la entidad, opina que esto es un indicador de que la SCJN no está dando paso a la inconstitucionalidad de la legislación, por lo que espera su resolución sea para darle luz verde y que la 3 de 3 continúe.

Las comisiones de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de Derechos Humanos del Congreso de la Unión, emitieron un pronunciamiento señalando “rechazamos la acción de inconstitucionalidad 98/2022 interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.

Señalaron que las organizaciones, colectivos y mujeres han luchado para que el desempeño en cargos públicos y candidaturas requiera no ser deudor alimentario moroso; “el incumplimiento de las obligaciones alimentarias es una conducta que se constituye como violencia económica, patrimonial y familiar en contra de las mujeres y que atenta contra el principio del interés superior de la niñez al vulnerar sus derechos de alimentación, nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica y recreación por ello, es fundamental y necesario legislar para garantizar desde la ley el cumplimiento de dicha obligación”.

“La acción de inconstitucionalidad interpuesta por la CNDH se configura como un retroceso en materia de derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y de  los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, apuntaron.

Además, exhortaron a la SCJN para resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH velando por el interés superior de la niñez y los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia “y declare la constitucionalidad de las reformas impugnadas y con ellos dejar claro que el estado Mexicano no dará un paso atrás en la lucha por la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres y las niñas y niños de nuestro país”.

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