Ixil llevará a jueza ante Tribunal de Disciplina
Comunidades mayas denunciaron violaciones al debido proceso en el litigio por sus tierras comunales, aseguraron que la justicia favorece a grupos de poder y anunciaron nuevas acciones legales contra autoridades y particulares.
Por David Rico
Mérida, Yucatán, a 4 de julio de 2026.- Representantes del Consejo Comunitario de Ixil y el director de Fundación Yansa A.C., Sergio Oceransky, anunciaron que presentarán una queja formal ante el Tribunal de Disciplina Judicial contra la jueza Suemy del Rosario Lizama Sánchez, al acusarla de incurrir en múltiples irregularidades durante el proceso penal relacionado con el conflicto por tierras comunales de esa localidad.
En conferencia de prensa realizada este sábado en Mérida, integrantes de la comunidad maya sostuvieron que la actuación de la juzgadora vulneró sus derechos y desconoció pruebas que, aseguran, acreditan que las tierras en disputa han permanecido bajo posesión y trabajo de la comunidad durante generaciones.
Emanuel Chan, integrante del Consejo Comunitario de Ixil, afirmó que la denuncia presentada por integrantes de las familias Abimerhi y Millet contiene información falsa al señalar que mantenían la posesión pacífica de los terrenos entre 2014 y 2022.
Según expuso, en realidad durante 2022 ocurrió un intento de invasión de las tierras por parte de particulares y reiteró que se trata de terrenos de uso común administrados mediante las asambleas comunitarias, no de parcelas ejidales.
Asimismo, acusó a la Fiscalía de haber ignorado documentos entregados por la comunidad dentro de la carpeta de investigación y denunció que la jueza validó la imputación por despojo con agravantes que, a su juicio, corresponden a delitos de delincuencia organizada, pese a que los campesinos únicamente realizaban labores agrícolas.
Los representantes también señalaron que la jueza desconoció el carácter de comunidad indígena de Ixil al considerar que, al momento de los hechos, no contaban con el reconocimiento emitido por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Por ello, anunciaron que acudirán al Tribunal de Disciplina Judicial para solicitar una investigación y sanción contra la juzgadora por las decisiones adoptadas durante el proceso.
Durante la conferencia, los integrantes del Consejo Comunitario también criticaron la cobertura de algunos medios de comunicación, particularmente del Diario de Yucatán, al considerar que han criminalizado a la comunidad y difundido únicamente la versión de los denunciantes sin existir una resolución judicial definitiva.
Además, denunciaron un presunto conflicto de interés al asegurar que uno de los denunciantes, Andrés Abimerhi Briceño, comparte la copropiedad de predios cercanos con familiares del titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, situación que —afirmaron— explicaría el despliegue de operativos policiales en la zona desde 2023.
Obtienen sentencia contra PROFEPA
En el mismo encuentro, Peregrina Cutz informó que la comunidad obtuvo una sentencia favorable dentro del juicio de amparo indirecto 14/2026 y su acumulado 15/2026, mediante la cual un juez federal ordenó a la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) emitir un nuevo resolutivo respecto a una denuncia ambiental contra el desarrollo inmobiliario Cedrón.
Explicó que el fallo también obliga a la dependencia a permitir el acceso de los denunciantes al expediente de inspección, al considerar que la negativa de información vulneró derechos reconocidos en el Acuerdo de Escazú.
La comunidad calificó esta resolución como un precedente relevante para la defensa ambiental y la transparencia en procedimientos administrativos.
Oceransky acusa persecución judicial
Por su parte, Sergio Oceransky, director de Fundación Yansa A.C. y también vinculado a proceso en el mismo caso, informó que promovió un amparo indirecto para impugnar la resolución judicial que lo mantiene sujeto a proceso.
Relató que, tras solicitar autorización para salir temporalmente del estado por motivos familiares, la Fiscalía presentó información que calificó como incompleta para solicitar el endurecimiento de sus medidas cautelares.
Afirmó que, pese a acreditar que cumplió con las condiciones impuestas por el juzgado, la jueza ordenó que portara un dispositivo de localización electrónica durante todo el proceso, decisión que ya fue apelada.
Oceransky adelantó que también presentará una denuncia ante el Tribunal de Disciplina Judicial contra la jueza, al considerar que el caso constituye un ejemplo del uso del sistema de justicia para criminalizar a personas defensoras del territorio, del medio ambiente y de los derechos humanos.
Finalmente, expresó preocupación por su seguridad al señalar que el uso del dispositivo electrónico coincide, dijo, con campañas de desprestigio en su contra, las cuales atribuyó a intereses relacionados con el conflicto por las tierras de Ixil.
