Juez impone a Oceransky firma mensual en Jalisco y le prohíbe hablar de inmobiliaria
La Fundación Yansa denuncia un nuevo episodio de criminalización contra la defensa ambiental y advierte que las medidas buscan limitar la actividad pública de su director, quien enfrenta litigios por un megaproyecto inmobiliario en Progreso.
Por David Rico
Mérida, Yucatán, a 12 de septiembre de 2026.- El juez que lleva el proceso contra el defensor ambiental y director de la Fundación Yansa, Sergio Oceransky, rechazó la solicitud de prisión preventiva por un año y la fianza de 50 mil pesos planteadas por la Fiscalía Estatal de Jalisco y la representación jurídica de una empresa inmobiliaria.
Sin embargo, le impuso medidas cautelares que restringen su actividad pública y lo obligan a trasladarse mensualmente desde Yucatán a Jalisco para cumplir con una firma presencial.
La audiencia se realizó este 11 de septiembre, dentro del proceso penal promovido contra Oceransky, quien además mantiene en Yucatán diversos litigios relacionados con la defensa del territorio y contra un megaproyecto inmobiliario en Progreso.
Entre las medidas determinadas por el juzgado está la obligación de acudir personalmente a Jalisco durante los primeros cinco días de cada mes para firmar, además de realizar una comparecencia virtual a mediados de cada mes.
La Fiscalía había solicitado que Oceransky tuviera que trasladarse a Jalisco para firmar cada 15 días, pero el juez finalmente estableció una comparecencia presencial mensual y otra de manera virtual.
La Fundación Yansa cuestionó la medida, debido a que Oceransky ya cumple con una obligación de firma en Yucatán, donde se encuentra vinculado a proceso por otro caso relacionado con la defensa de las tierras comunitarias de Ixil.
De acuerdo con la organización, ambas obligaciones podrían coordinarse mediante los Centros de Medidas Cautelares de las dos entidades, sin necesidad de que el defensor viaje a Jalisco. Pese a ello, el juzgado determinó que debe presentarse físicamente en esa entidad una vez al mes.
La situación se complica porque el proceso que enfrenta en Yucatán también contempla la prohibición de salir del estado sin autorización previa. De esta manera, cada traslado a Jalisco implicaría gestionar previamente un permiso para abandonar Yucatán.
También le prohíben mencionar a la empresa
La medida que la Fundación Yansa considera más grave es la prohibición impuesta a Oceransky para dirigirse, directamente o por interpósita persona, a las personas y empresas denunciantes, así como para mencionar a la empresa en redes sociales o medios de comunicación.
También se le prohibió acercarse a los domicilios o lugares de trabajo de los denunciantes y a los desarrollos inmobiliarios de la empresa.
Yansa sostiene que esta determinación constituye una restricción a la libertad de expresión y afecta directamente la labor de Oceransky como defensor ambiental, al impedirle hablar públicamente sobre un proyecto inmobiliario que forma parte de los litigios que mantiene en Yucatán.
Según la Fundación, el asesor jurídico de la empresa justificó la restricción bajo el argumento de evitar daños a sus intereses comerciales derivados de la información que pudiera difundir el defensor.
La organización considera que este planteamiento evidencia lo que denomina un Litigio Estratégico contra la Participación Pública (SLAPP), término utilizado para describir procesos legales que buscan, según la propia Fundación, intimidar, desgastar o silenciar a críticos, periodistas y defensores de derechos humanos.
Durante la audiencia, Oceransky argumentó que debía conservar su derecho a informar a la opinión pública sobre los procesos legales relacionados con el megaproyecto inmobiliario en Progreso, la reactivación de un juicio de amparo y el recurso pendiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Fundación señaló que, pese a esos argumentos, el juez determinó imponer la prohibición sin pronunciarse sobre ellos.
El conflicto también se libra en Yucatán
Las nuevas medidas cautelares ocurren mientras Oceransky mantiene litigios contra el megaproyecto inmobiliario que la empresa denunciante pretende desarrollar en Progreso.
El juicio de amparo estuvo detenido desde noviembre debido a un recurso de queja presentado por la empresa, pero éste no consiguió que la demanda fuera desechada, por lo que el proceso está próximo a reactivarse.
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver un recurso promovido por Oceransky contra la decisión del juzgado de Yucatán de levantar la suspensión del megaproyecto a cambio del pago de una contragarantía.
La Fundación Yansa sostiene que, si la Suprema Corte determina que la suspensión debe mantenerse, el desarrollo inmobiliario quedaría paralizado hasta que concluya el juicio.
En este contexto, la organización considera desproporcionada la obligación de que Oceransky viaje mensualmente a Jalisco, al señalar que su localización ya está garantizada mediante las firmas que realiza en Yucatán y un localizador electrónico.
La Fundación anunció que apelará la resolución y que combatirá principalmente la obligación de viajar a Jalisco y la prohibición de hablar públicamente sobre la empresa.
Si el Tribunal de Alzada de Jalisco no modifica las medidas, adelantó que llevará el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de buscar criterios que permitan combatir futuros procesos que considere litigios estratégicos contra la participación pública.
