La ONU pone a Yucatán ante una emergencia sanitaria y ambiental por las granjas porcinas
El informe del Relator Especial, Marcos A. Orellana, acusa un crecimiento “descontrolado y exponencial” de los criaderos industriales, advierte por contaminación del acuífero, daños a la salud y vulneración de derechos de pueblos mayas; plantea reparar los daños y frenar la criminalización de quienes defienden el territorio.
Por David Rico
Mérida, Yucatán, a 25 de agosto de 2026.- El Relator Especial de la ONU, Marcos A. Orellana, colocó a Yucatán ante una emergencia sanitaria y ambiental por la expansión de la industria porcícola, al advertir sobre la contaminación de zonas de recarga de los mantos acuíferos, afectaciones a la salud de las comunidades y la falta de autorizaciones ambientales y consulta a pueblos mayas.
En su informe, fechado el 3 de julio y recién publicado, Orellana señala que durante la última década los criaderos industriales de cerdos aumentaron de manera “descontrolada y exponencial” y plantea que una declaración de emergencia sanitaria y ambiental podría permitir destinar recursos para reparar los daños y garantizar que no vuelvan a repetirse.
“Una declaración de emergencia sanitaria y ambiental podría destinar recursos para la aplicación de una política pública que pudiera reparar los daños y asegurar la no-repetición”, señala.
El documento refiere que actualmente existen más de 500 criaderos industriales de cerdos, con más de 50 mil animales, cerca de tierras y territorios de pueblos indígenas. Según la información recibida por el Relator, la mayoría carecería de autorizaciones ambientales y muchas instalaciones habrían sido establecidas sin consulta previa, libre, de buena fe, culturalmente adecuada e informada a las comunidades mayas.
El problema, señala, se agrava por las características del territorio yucateco. El suelo kárstico permite una rápida circulación del agua hacia los mantos acuíferos, por lo que el manejo de los residuos de estas instalaciones representa una preocupación para las zonas de recarga.
Orellana advierte sobre la descarga continua de excretas y aguas residuales en cuerpos de agua de recarga, particularmente dentro del Anillo de Cenotes, reconocido como Humedal de Importancia Internacional por la Convención Ramsar.
El informe señala que las granjas generan enormes cantidades de excretas y aguas contaminadas con hormonas y antibióticos. También recoge información según la cual los biodigestores utilizados como mecanismo de tratamiento no filtrarían adecuadamente las heces y orina de los cerdos ni los medicamentos y hormonas empleados en la producción, con lo que estos contaminantes llegarían al Acuífero Maya sin tratamiento suficiente.
El Gobierno de Yucatán informó al Relator que trabaja en sistemas integrales de tratamiento que combinan procesos físicos, biológicos y químicos para mejorar la calidad de las aguas residuales tratadas y cumplir con los parámetros de la NOM-001-SEMARNAT-2021.
Comunidades denuncian daños a la salud
El informe recoge que las comunidades cercanas a las instalaciones han soportado durante años olores fétidos, ruido día y noche, plagas de moscas y contaminación de sus aguas de pozo y del aire.
También reporta que las comunidades han sufrido afectaciones a la salud, entre ellas enfermedades de la piel y respiratorias.
Ante este panorama, el Relator señala que una declaración de emergencia sanitaria y ambiental podría destinar recursos para una política pública orientada a reparar los daños y asegurar la no repetición.
El documento también señala emisiones atmosféricas de metano derivadas de la degradación microbiana de las excretas y de la quema de residuos sólidos, además de impactos relacionados con la deforestación generada por la instalación de estos complejos.
Santa María Chí, un paso positivo
Orellana reconoce como un paso positivo la clausura de la granja industrial de cerdos de Santa María Chí. En mayo de 2026 fueron retirados más de 41 mil animales como parte de su cierre definitivo. Sin embargo, el Relator advierte que muchas otras granjas industriales continuarían operando pese a la falta de autorizaciones ambientales y de consulta previa, libre, de buena fe, culturalmente adecuada e informada a los pueblos indígenas.
También expresa preocupación por la poca claridad sobre los procesos de clausura temporal y sobre el destino de los animales trasladados de las instalaciones clausuradas.
El informe refiere además la existencia de más de 20 procesos de amparo iniciados por las comunidades.
Señala criminalización de liderazgos
El conflicto, según el informe, también alcanza a quienes se oponen a la expansión de estos complejos industriales.
Orellana señala que recibió información sobre falta de transparencia, deforestación y criminalización de liderazgos comunitarios para disuadir su activismo respecto de las fábricas industriales de cerdos.
Por ello, considera imperativo que las autoridades suspendan mecanismos que puedan disuadir la libertad de expresión y reunión, amenazar la defensa de la naturaleza o criminalizar al pueblo indígena maya.
El Relator pide además al Estado implementar de manera coordinada las medidas necesarias para que los pueblos indígenas participen en procesos amplios y efectivos de decisión y cuenten con información accesible sobre los impactos ambientales y sanitarios de estas instalaciones.
También reclama reforzar la supervisión y fiscalización de los complejos industriales y que las autoridades estatales fortalezcan las medidas preventivas para proteger el medio ambiente y el derecho a la salud.
Aquí puede consultarse el informe completo: https://docs.un.org/es/A/HRC/63/27/Add.1
