“Los cenotes son del pueblo”: comunidad maya de Dzitnup exige anular concesión privada

Pobladores reclaman al Gobierno del Estado y a la Federación la restitución de Sambula y X’Kekén bajo la figura de un decreto presidencial que reco0nozca la propiedad comunal tradicional; Ivonne Ortega Pacheco fue la responsable, en 2009 de expropiar las tierras para entregarlas a particulares.

Por David Rico

Mérida, Yucatán, 26 de septiembre de 2025.– Integrantes de la comunidad maya de Dzitnup pidieron la intervención del Gobierno del Estado de Yucatán para que, junto con la Federación, se aplique la figura de “Reconocimiento a la propiedad comunal tradicional” en las tierras donde se ubican los cenotes Sambula y X’Kekén. Su objetivo es que se anule la concesión otorgada a particulares y que los sitios regresen a manos de la comunidad.

En rueda de prensa ofrecida en Mérida, los pobladores expusieron que originalmente las tierras pertenecían a la comunidad tras la donación realizada por el propietario original, y mostraron las escrituras registradas en 1994 ante el Registro Público de la Propiedad. Sin embargo, afirmaron que ese documento no fue respetado.

Ante un supuesto conflicto por la posesión de las tierras, el Gobierno del Estado intervino y realizó una expropiación en 2009, durante la administración de Ivonne Ortega, con el argumento de resolver el problema y garantizar que los beneficios de los cenotes llegaran a la comunidad. Sin embargo, señalaron que en lugar de ello se inició el proceso de concesionar los sitios a particulares.

En 2022, las tierras fueron entregadas por el Gobierno del Estado al Instituto de Vivienda de Yucatán (IVEY), que las lotificó y nuevamente las concesionó, ahora a la empresa Albes, acusada por los habitantes de actitudes “arrogantes, déspotas e, incluso, discriminatorias” hacia la población.

De acuerdo con los pobladores, el Patronato Cultur propuso recientemente firmar un nuevo convenio de concesión con otro privado, lo que detonó mayor inconformidad y llevó a la comunidad a tomar posesión de los cenotes y de las tierras.

Sergio Oceransky señaló que existen dos posibles salidas: que el Gobierno del Estado reconozca la historia de agravios y rescinda la concesión actual —ya que “causales hay de sobra” porque nunca se cumplieron los beneficios hacia la comunidad—, o que se concrete un decreto presidencial bajo la figura legal de “Reconocimiento a la propiedad comunal tradicional”.Recordó que esta figura ya se aplicó el año pasado en beneficio de una comunidad rarámuri tarahumara.

Hay una posibilidad muy buena, dado que la propiedad es del IVEY, de avanzar de la mano del Gobierno Federal en la emisión de un decreto presidencial de ‘Reconocimiento a la propiedad comunal tradicional’ que tiene la comunidad maya”.

De no avanzar en esa vía, advirtió, el conflicto continuará en tribunales: “En este caso quedaría claro que el gobierno está trabajando para empresas privadas y no para las comunidades”.

Por su parte, Baldomero Poot Moo, comisario de Dzitnup, declaró que la acción de recuperar los cenotes busca el bienestar del pueblo. “Lo que hizo la gente es sacar a la empresa, porque los cenotes son del pueblo”, afirmó.

El comisario informó que ya se conformó un comité de administración comunitaria para operar los cenotes. La cuota de ingreso, fijada en 100 pesos, se destinará a obras sociales como la limpieza de carreteras, compra de agua para la escuela y el mantenimiento de los planteles. “Lo que se gane será para el pueblo”, enfatizó.

Poot Moo reiteró que los cenotes se han recuperado para la comunidad, pero advirtió que la empresa concesionaria ha demandado a varios habitantes. “La gente solo está recuperando lo que le pertenece”, dijo.

Otro poblador, Manuel Góngora, lamentó que un patrimonio de todos se haya entregado a privados. “Antes de que esto sucediera, lo que ingresaba al cenote se daba en beneficio a la comunidad, pero ya no sucede así. Pero esta vez ya nos decidimos; hoy venimos a hacer la lucha, porque hay mucha necesidad y el pueblo está olvidado”, expresó.