Lucha contra deforestación y fumigaciones, piden declarar a las abejas sujetas de derechos

Por Cecilia Abreu

En Hopelchén, actualmente están luchando por salvar a las abejas, pues esta especie de importancia ambiental, ha sufrido los estragos de pesticidas y fumigaciones que utilizan para combatir a los mosquitos por las autoridades.

Es por esto que las comunidades locales y especialistas en el tema, han iniciado una lucha por proteger a las abejas, con la cual exigen un alto a estos productos químicos que afectan a la especie.

Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM), dio a conocer que uno de los pendientes nacionales es la prohibición —con la disminución progresiva— de los plaguicidas que son altamente contaminantes y que dañan en específico a las abejas.

“Esto viene a apoyar la argumentación de que uno de los criterios para definir plaguicidas altamente peligrosas que deben ser prioritarios para su prohibición progresiva son estos que causan la muerte de las abejas”.

Subrayó que el tema también está relacionado con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en cuanto a plaguicidas, defendiendo el derecho humano a un medioambiente sano.

Tiene que darse una prohibición de fumigaciones aéreas, dijo. “Es el reto de ir más allá de la regulación neoliberal heredada de gobiernos anteriores que era funcional al mercado en prejuicio de los derechos de las comunidades”.

Es necesaria una política preventiva, enfatizó, para lo cual sería necesario conocer el control que hay del uso de estos productos, sabiendo cuánto y dónde lo están utilizando, lo cual no ocurre actualmente, permitiendo incluso el uso de productos como Fipronil que está prohibido en otros países, pero que en México sigue siendo utilizado.

“Es una mezcla de intereses económicos que privilegian al mercado dominado por las trasnacionales”.

Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM)

Desde su visión, es imprescindible colaborar con esfuerzos federales para hacer una estrategia más fuerte de prohibición de plaguicidas para erradicar esta problemática.

Jorge Fernández Mendiburu, representante legal de las comunidades de Hopelchén, destacó que fue en el mes de marzo cuando —una vez más— murieron millones de abejas por el uso de estos pesticidas, razón que les llevó a optar por procesos jurídicos en defensa de las abejas.

En esta lucha, advirtió, ha habido una omisión de los tres niveles de gobierno —municipal, estatal y federal—, pues todos tienen obligaciones en materia ambiental y, sin embargo, no están generando políticas públicas que defiendan a las abejas.

Esto, dijo, debería hacerse por lo menos desde dos vías: deteniendo la deforestación y poniendo un alto a las fumigaciones.

“Los compañeros y las compañeras de las comunidades han estado desde hace más de 10 años denunciando a las distintas autoridades, tanto el tema de las fumigaciones, como el tema de las deforestaciones; han pasado tres administraciones y hasta la fecha la situación no ha cambiado y está cada vez peor”.

Apuntó también que, aunque la lucha ha sido en particular en Hopelchén, también puede replicarse en Yucatán y Quintana Roo, Estados que viven situaciones similares en torno a las abejas.

Leydi Aracely Pech Martín, representante del colectivo de comunidades Mayas de Campeche, añadió que es necesario que las autoridades comiencen a trabajar en registros y diagnóstico del tema, especialmente por enfermedades asociadas con el uso de plaguicidas.

Advirtió que hay un crecimiento de enfermedades asociadas a los plaguicidas, como el cáncer y abortos espontáneos, así como el incremento de casos de autismo y alergias.

“Estamos haciendo pequeños registros nosotras, las comunidades, registrando nuestra propia historia, nuestra propia memoria de las enfermedades que tenemos y lo que hemos encontrado de 1980 a la fecha se incrementaron las enfermedades”.

No existe una investigación oficial de la Secretaría de Salud al respecto, sino que las propias comunidades lo han iniciado por la necesidad de conocer lo que ocurre, encontrándose con estas situaciones (cáncer, autismo, alergias, entre otras). “Es importante la intervención del sector salud y es lo que estamos intentando con la Cofepris […] es un derecho que tenemos y lo estamos reclamando para que ellos lleven este registro y poder mirar con claridad, contar con datos que nos pudieran ya llevar a tomar medidas”.

Sobre la lucha legal que han impulsado para conseguirlo

El pasado mes de junio, interpusieron un amparo como parte de su lucha, con el cual señalan la omisión de las autoridades para prevenir el uso de plaguicidas que dañan la salud de las personas y del ecosistema, impactando directamente en las abejas; así como pidiendo su declaración como sujetas de derechos.

En la lucha legal, informó el Fernández Mendiburu, un primer reclamo es por la omisión sistémica de las autoridades por no establecer las políticas necesarias para evitar la muerte de las abejas, que no solamente afecta al ecosistema, sino también una actividad económica y cultural de la región.

En el amparo, también exigen que haya medidas de protección específicas para las abejas, solicitando que sean declaradas sujetas de derechos y que las comunidades mayas sean reconocidas como sus guardianas.

Tomar acción en ese sentido, destacó, tendría implicaciones en las políticas públicas, considerando a las comunidades y las abejas necesariamente para ellas.

“Ya no nada más se ve a las abejas y a los polinizadores relacionados con la actividad humana, sino que se les ve como una especie que es fundamental para los ecosistemas, más allá de la relación que tengan con las personas o las comunidades”.

En este procedimiento legal, también reclamaron que hubiera al menos cinco denuncias sin atender por este mismo tema.

Por ello, solicitaron la suspensión a la aprobación de permisos para mega proyectos y las fumigaciones, misma que fue admitida y otorgada; esto implica que no deben haber más acciones de este tipo hasta resolverse el juicio de amparo.

En proceso, detalló, hay seis juicios de amparo; uno en la búsqueda de la declaración a las abejas como sujetas de derechos y otros cinco por la falta de atención a las demandas presentadas por las comunidades y organizaciones por deforestación y fumigación, entre las cuales también hubo tres suspensiones.

“El juez está reconociendo que hay una situación que a simple vista es crítica”.