Ningún agresor en el poder, aprueban iniciativa ciudadana 3 de 3 contra la violencia

Por Cecilia Abreu

Hoy, 31 de mayo, el Pleno del Congreso del Estado de Yucatán, aprobó de forma unánime la iniciativa “3 de 3 contra la violencia” presentada por activistas como María Eugenia Núñez, la doctora Ligia Vera, Nancy Walker, entre muchas otras, que no solo presentaron la propuesta para evitar que agresores lleguen al poder, sino que además tomaron las riendas para informar sobre ella hasta su aprobación.

Fue el 25 de noviembre de 2021, cuando la diputada Vida Gómez Herrera, representante de Movimiento Ciudadano, recibió la iniciativa de las activistas y, expuso que, “debemos reconocer el arduo trabajo de abogadas, académicas y activistas, que en su lucha por ciudananizar la política, no solo se dieron a la tarea de redactar una propuesta de iniciativa ciudadana para evitar que agresores, violadores y deudores alimenticios lleguen al poder, sino que además, han trabajado incansablemente por socializar esta propuesta, por explicarla, por evidenciar la necesidad urgente que tiene no solo Yucatán, si no todo el país, de legislar con perspectiva de género”.

Informó que las activistas realizaron foros y reuniones en universidades del Estado, como la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), para explicar los alcances de estas iniciativas y para aclarar dudas jurídicas y legales en cuanto a su legislación.

Pero eso sí, desde que recibieron la iniciativa en el Congreso, la pregunta sobre la cual partieron el análisis fue: “¿es mucho pedir tener autoridades que no sean agresores?”, por tal razón, hoy recordó que desde la legislación “nos toca garantizar en las leyes que los agresores sexuales, los violadores y los deudores alimenticios no lleguen a puestos de poder”.

Sin importar partidos ni colores, apoyaron esta iniciativa ciudadana en el reconocimiento de que ningún agresor debe estar en el poder; las diputadas del Partido Acción Nacional (PAN), Carmen González Martínez tomó la tribuna y Pilar Santos Díaz, expresaron su apoyo enfatizando que Yucatán merece representantes dignos, “no queremos ni permitiremos que  servidores públicos con antecedentes penales en violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio, ni ser deudor alimentario moroso”, dijo González Martínez.

Su compañera panista destacó que este dictamen pone como requisito tres puntos fundamentales: no ser deudor alimentario, no ser acosador sexual y no ser agresor por razones de género; “bajo la premisa consistente en que los representantes y servidores públicos, deben respetar los derechos de las mujeres como un acto obligatorio y no voluntario”.

Del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Fabiola Loeza Novelo, reconoció que las leyes no resuelven las problemáticas sociales, pero “sirven de marco de referencia, sientan bases y generan las condiciones necesarias para que eso sea posible. Apostemos pues por legislar con perspectiva de género, con el propósito de concebir normas que contribuyan a la consolidación de la igualdad sustantiva, no solamente en Yucatán sino en México”.

“Hoy estamos poniendo un dique a la violencia institucional al legislar que , para la idoneidad de cualquier cargo público por elección, designación o concurso, deberán cumplir con el requisito de no ser agresor de mujeres, niñas y niños, lo que implica no ejercer violencia familiar, sexual ni ser deudor alimentario”, celebró la legisladora Rubí Be Chan, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena),

Las modificaciones hoy fueron aprobadas para la Constitución Política, Ley de la Comisión de Derechos Humanos, Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública, Código de la Administración Pública y Ley de Partidos Políticos; todas del Estado de Yucatán.