‘Permiso para matar’, solo lo tienen las autoridades y en Yucatán #sípasa

Por Cecilia Abreu

• Data Cívica identificó mil 524 casos de asesinatos o desapariciones cometidos por fuerzas de seguridad pública federales o estatales, quienes forman parte de la lista con ‘Permiso para Matar’ en el país.
• Existen al menos siete casos de crímenes cometidos por fuerzas de seguridad pública en Yucatán

Data Cívica, con la colaboración de 30 periodistas, organizaciones y medios de comunicación, realizó una investigación que —atinadamente— llaman Permiso para Matar, donde dejan ver que han habido más de mil 500 crímenes cometidos por fuerzas de seguridad pública en el país y… Yucatán no es la excepción.

Esta investigación, es un proyecto periodístico que realizaron para construir una base de datos de crímenes de guerra que ha cometido el Estado mexicano, dado que fueron en contra de personas a las que no se les probó ningún delito y fue realizada en un intento por saber cuántas de las desapariciones forzadas han sido perpetradas por las propias autoridades. En esta nota, nos enfocaremos únicamente en Yucatán, Estado en el que #sípasa, aunque digan que no.

Entre los casos identificados en la entidad yucateca (Valladolid), está el de José Felipe Castillo, un artesano de 17 años, que fue encontrado en condiciones de aparente suicidio y asimismo fue como la Fiscalía General del Estado (FGE) catalogó los hechos. Sin embargo, el cuerpo presentaba evidentes señales de que el joven había sido torturado.

A pesar de esto, los elementos de la fiscalía asentaron el caso como suicidio y, además, falsificaron la autopsia de José Felipe, utilizando información de un cuerpo distinto al suyo; todo esto, fue solapado por un médico legista que ni siquiera formaba parte de la dependencia. Por todo esto, en esta investigación clasifican el caso como desaparición forzada en complicidad con la delincuencia, mismo que fue identificado del año 2011.

En 2019, también detectaron otro caso, en esta ocasión por perpetrar una ejecución alegando ‘acciones preventivas’; el delito, ejecutado en manos de la Policía Estatal de Yucatán en contra de Salvador Osmar López Escamilla, ocurrió cuando él tenía 31 años; iba en la carretera Chicxulub-Telchac, en el municipio de Progreso, cuando elementos policiales lo detuvieron en un puesto de control por supuesta posesión de dos dosis de droga. Luego de esto, la víctima murió por estrangulamiento.

En el mismo año, los pescadores José Emiliano Cob Poot y Anacleto Mex fueron víctimas del mismo delito en el Puerto de Sisal, pero en manos de la Marina; los hombres de mar fueron embestidos por una lancha rápida de elementos de la Marina con el alegato de que patrullaban contra el tráfico de drogas, el hecho culminó en el asesinato a los pescadores que estaban allí y, además, hirieron a otro. Tras los hechos, los implicados en el delito se justificaron diciendo que los pescadores no frenaron la lancha, sin embargo, el sobreviviente (y otros testigos), aseguran que el embestimiento fue intencional.

Al año siguiente, en 2020, la Policía Estatal volvió a cometer el delito, esta vez los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) abusaron de su autoridad luego de que la dueña de un puesto del mercado les llamara porque José Santiago Medina Naal se negó a llevarse la basura de su puesto; la señora, al recibir esta negativa,optó por golpear con la escoba a José Santiago, quien padecía esquizofrenia paranoide y deterioro cognitivo, por lo que con los golpes, se alteró.

Cuando la policía llegó, se lo llevó y lo golpeó hasta que él no pudo resistir más. Su cuerpo fue encontrado días después de los hechos, en la carretera Hunucmá-Sisal y la necropsia indica que la muerte ocurrió por asfixia y broncoaspiración… Pero la policía niega haberlo arrestado.

También en 2020, la policía estatal provocó la desaparición forzada (temporal) de Claudia Ivette Bárcenas Espinoza por supuestas acciones preventivas; fueron seis policías los que privaron de la libertad a Claudia, llevándola a las instalaciones de la policía preventiva estatal, en donde la torturaron durante seis horas, en un supuesto intento por hacerla conesar sobre el paredero de dos niñas —con las que ella no tenía ninguna relación—. La liberaron diciéndole que la habían confundido con alguien.

En 2021, ocurrió el caso que más ha sonado en Yucatán, José Eduardo Ravelo Echavarría fue asesinado a sus 23 años y encubrieron el delito con una supuesta neumonía. El joven de 23 años, fue detenido por policías municipales porque —según ellos— tenía una actitud sospechosa. Luego de la detención, José Eduardo se comunicó con su mamá para decirle que los policías lo habían golpeado y violado… Tres semanas después falleció y la Fiscalía, intentando ocultar los hechos, anunció que el fallecimiento fue por la enfermedad (neumonía); pero el caso no quedó ahí y la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó otra investigación, solamente para acabar respaldando la teoría de que la muerte fue por neumonía.

Las personas identificadas como víctimas del permiso para matar que se toman las autoridades, no son un número o ‘un caso más’, son personas con familias, sueños, amistades (y mucho más); por eso mencionamos sus nombres, para recordarles y honrarles.