Piden a la SEGEY tomar medidas para evitar actos de violencia en escuelas de Yucatán
Al presentar un punto de acuerdo para prevenir agresiones en los planteles educativos, el diputado Gaspar Quintal Parra advirtió que la educación en nuestro estado está experimentando un período de incertidumbre, en gran parte debido a episodios violentos, lo que genera sentimiento de miedo y temor en la comunidad escolar.
Por Redacción
Mérida, Yucatán, 25 de octubre de2023.-Frente a cada nueva amenaza de violencia en las escuelas públicas y privadas de Yucatán, el coordinador de la Fracción Legislativa del PRI, Gaspar Quintal Parra, presentó un Punto de Acuerdo para que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado emita protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar para poder determinar mecanismos de detección temprana, contención, prevención y erradicación de este tipo de casos.
En la sesión del Pleno del Congreso del Estado, el legislador recordó que en lo que va del año se han registrado tres incidentes graves en los planteles educativos: dos atentados y un acto en el que un estudiante hirió a otro con un objeto punzocortante en una institución educativa privada, en lo que se informó que fue una posible confrontación entre ambos.
Dijo que la educación en nuestro estado está experimentando un período de incertidumbre, en gran parte debido a episodios violentos que, lamentablemente, se han vuelto cada vez más frecuentes y se ha generado un creciente sentimiento de miedo y temor entre estudiantes, docentes, personal administrativo y familias.
“Y ante la inminente posibilidad de que se materialicen aún más altercados, se plantea la imperiosa necesidad de abordar de manera inmediata y exhaustiva las causas que puedan prevenir y determinar condiciones para su no repetición, así como para garantizar la integridad física y psicológica de los educandos, en un ambiente libre de violencia en las escuelas, que propicie la protección y el pleno ejercicio de los derechos humanos”, recalcó Gaspar Quintal.
En su intervención en la Tribuna del Congreso, indicó que se debe contar con la colaboración con profesores y especialistas para construir guías efectivas que generen resultados a corto, mediano y largo plazo para que toda la comunidad escolar desarrolle habilidades psicosociales necesarias que contribuyan a desarrollar una armoniosa convivencia pacífica, además de revertir los factores de riesgo y los que influyen en la generación de la violencia en el entorno y de maltrato escolar realizando acciones que desarrollen una cultura de la paz y fortalezcan la cohesión comunitaria.
“Se pretende lograr una seguridad óptima para el desarrollo integral de alumnos y alumnas dentro de los planteles escolares, tomando en cuenta las medidas a aplicar correspondientes, y así poder generar una conciencia responsable y sana evitando de esta manera que se introduzcan sustancias nocivas para la salud a los planteles, donde actualmente esta problemática resulta alarmante para el estado; a raíz de ello debemos darle la importancia al optar por la prevención social para que esto no se convierta en una situación de riesgo a futuro para la juventud”, sostuvo.
El diputado del PRI agregó que otro punto importante que se debe considerar es que los padres y tutores confían en que sus hijos se encuentran seguros en las escuelas, por lo que la implementación de protocolos de seguridad no solo protege a los estudiantes, sino que también brinda tranquilidad a las familias.
El Punto de Acuerdo también plantea la creación del Modelo Único de Atención Integral que establezca servicios de atención social, psicológica, jurídica y médica en términos de la Ley para la Prevención, Combate y Erradicación de la Violencia en el Entorno Escolar de Yucatán.
Además, que se disponga en el sistema educativo privado, acompañado de actividades de educación, capacitación y difusión en materia de derechos humanos, dirigido a todas las autoridades educativas, padres de familia o tutores, así como a estudiantes, cualquier otra medida adicional que permita garantizar la integridad física y psicológica de los educandos, en un ambiente libre de violencia en las escuelas, que propicie la protección y el pleno ejercicio de los derechos humanos.