Prevalece racismo estructural que impide el acceso a la justicia de poblaciones indígenas
Tomas López Sarabia, representante del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción Asociación Civil (CEPIADET), señala que existe un racismo estructural que no reconoce los sistemas jurídicos indígenas y que el Estado ha impuesto un sistema de justicia que tiene el 90 pro ciento de impunidad.
Mérida, Yucatán, 02 diciembre de 2023.- El racismo es un problema estructural y si bien hay un déficit en el ejercicio de derechos para la mayoría de la población, en las personas indígenas se manifiesta con mayor fuerza, por ejemplo, al considerar que hay unas lenguas superiores a otras y pasa lo mismo en el sistema de justicia donde el Estado impone su modelo, destacó Tomas López Sarabia, representante del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción Asociación Civil (CEPIADET).
En el marco de la presentación del «Informe sobre racismo y discriminación racial en el sistema de justicia en México» que se llevó a cabo en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), el representante del CEPIADET expuso que el documento es un primer ejercicio para dar seguimiento a la forma en que se materializa el racismo y la discriminación en los expedientes judiciales.
“México es de los países que le cuesta mucho hablar de racismo, porque tiene que ver con el poder y los privilegios. Es hablar de un reclamo histórico que implica la redistribución del poder y el Estado no quiere hablar de ello”, expuso.
Señaló que prevalece un Estado que no ha podido generar condiciones para acabar con el racismo y la discriminación. Por ejemplo, mencionó que en la última década la población maya ha perdido muchos mayahablantes y, de acuerdo con el último censo, tuvo el 68.5% de este segmento que habla la lengua indígena.
“Esto se relaciona con el racismo, que no es individual o aislado, es un problema estructural. Racismo es seguir insistiendo en que hay lenguas superiores a otras y en el sistema de justicia para lo mismo; los jueces mayas se deben supeditar a lo que el Estado dice y no ejercen su libre autonomía”, dijo.
Insistió en que, en el caso de la lengua, hay una asimilación forzada y la población indígena debe asimilarse a una lengua que no es la suya.
Recordó que en México impera el pluralismo jurídico, el cual ha reconocido que en un mismo lugar hay varias formas de impartir justicia, como los juzgados mayas, comunidades mayas, etc., pero el racismo se manifiesta en pensar que un sistema es mejor que el otro cuando históricamente, como la Corte Mexicana lo resolvió en sentencia 6/2018 son sistemas jurídicos válidos uno y otro.
“Lo que sí es que uno ha sido más visible y ha tenido el poder del Estado mantenerlo ahí y el otro se ha criminalizado. Lo que no alcanzamos a mirar es el que el sistema de justicia que ha mantenido el Estado tiene más del 90 por ciento de impunidad”, expuso.
López Sarabia dijo que se debe buscar el reconocimiento de todos los mecanismos jurídicos, que en el caso de los que usan las comunidades indígenas generan mecanismos de contención, ante la saturación que existen en las fiscalías o los juzgados.