Promueven amparo contra jueza que criminalizó a defensores mayas
El amparo presentado por la Fundación Yansa contra la jueza Suemy del Rosario Lizama Sánche ya fue admitido por el Juzgado Primero de Distrito y denuncia violaciones a derechos indígenas, impartida imparcialidad y protección a intereses de familias poderosas.
Por Redacción
Mérida, Yucatán, a 19 de mayo de 2026.- La Fundación Yansa promovió un amparo contra la jueza Suemy del Rosario Lizama Sánchez, a quien responsabiliza de criminalizar a defensores del territorio maya de Ixil mediante una resolución marcada por discriminación, violaciones a derechos colectivos y falta de imparcialidad.
El recurso fue admitido por el Juzgado Primero de Distrito en Mérida y busca revertir el auto de vinculación a proceso dictado el pasado 12 de mayo contra dos integrantes de la comunidad maya de Ixil y el director de la fundación, denunciados por miembros de familias de alto poder económico en Yucatán.
En un comunicado, la organización sostuvo que durante la audiencia celebrada en Progreso se ignoraron criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre derechos indígenas y defensa del territorio, además de que se vulneró el debido proceso.
Yansa pidió a la jueza federal Tania Gabriela González Rosas resolver con independencia y aplicar una perspectiva intercultural, al considerar que la resolución de Lizama Sánchez favoreció intereses particulares por encima de los derechos de la comunidad.
La fundación también arremetió contra el Poder Judicial de Yucatán, al afirmar que intentó justificar el actuar de la jueza mediante un comunicado institucional “inverosímil”.
Entre los hechos señalados, Yansa denunció que Lizama Sánchez llamó “grupo de choque” a la comunidad indígena y negó el carácter indígena de la comunidad maya de Ixil bajo argumentos que calificó como discriminatorios y jurídicamente insostenibles.
Para la organización, esto demuestra un profundo desconocimiento de los derechos de los pueblos originarios o una actuación deliberadamente parcial para proteger intereses económicos sobre territorios comunitarios.
“La defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas no es delito”, sostuvo la fundación, que reiteró su respaldo a la comunidad de Ixil en la lucha por las tierras que han trabajado durante generaciones.
