Proponen cárcel por retención indebida de cuotas del Isstey
El PRI en el Congreso yucateco busca tipificar como delito la omisión de depósitos de las cuotas que se cobran a los trabajadores.
Por Redacción
Mérida, Yucatán, 18 de septiembre de 2025.– Que las cuotas del Isstey retenidas a los trabajadores no se entreguen al instituto podría convertirse en delito penal. Así lo propuso el diputado y dirigente estatal del PRI, Gaspar Quintal Parra, quien presentó una iniciativa en el Congreso local para sancionar esta práctica, a la que calificó como corrupción y un duro golpe a los derechos laborales.
En tribuna, Quintal señaló que actualmente el Código Penal no contempla este tipo de conductas, lo que deja abierta la puerta a la impunidad.
“No basta con sanciones administrativas o resarcitorias. El daño que se causa es profundo y sostenido, y requiere que esta soberanía legisle con firmeza”, expresó durante la discusión de la reforma a la Ley del Isstey.
El legislador recordó que en diversas ocasiones, pese a que los descuentos son aplicados de manera puntual a las y los trabajadores, los recursos nunca llegan al instituto o son desviados a otros fines.
Recalcó que esta práctica representa un doble agravio: “al trabajador, que pierde sus derechos, y a la institución, que se debilita financieramente”.
“Esto es sumamente grave. No solo se trata de una irregularidad administrativa, sino de una verdadera retención indebida de recursos que no pertenecen a los entes públicos, sino a las y los trabajadores. Es un acto que lastima la confianza pública, que compromete la estabilidad financiera del Isstey, y que sobre todo vulnera los derechos de quienes trabajan en las instituciones públicas y a sus familias”, advirtió.
La iniciativa del priísta plantea tipificar como delito la omisión o retención indebida de cuotas de seguridad social, con sanciones acordes al daño causado, penas de inhabilitación y multas, enmarcadas dentro de los delitos por hechos de corrupción.
De acuerdo con Quintal, el propósito es triple: garantizar los derechos de las y los trabajadores del Estado y de los municipios; asegurar que los recursos destinados al Isstey lleguen efectivamente a su destino; y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
“Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso más en no solo resarcir lo que la ley de 2022 hizo a trabajadores del estado, sino de avanzar en la defensa de los derechos laborales, de la justicia social y de la dignidad de quienes con su trabajo diario sostienen al Estado”, concluyó.
