Proponen penas de cárcel para notarios que participen en robos de tierras y fraudes patrimoniales
Por David Rico
Mérida, Yucatán, 31 marzo de 2022.- En la sesión del pleno del Congreso, la fracción parlamentaria del PRI presentó una iniciativa para establecer una tarifa social en las notarías y para que se imponga la sanción penal de cárcel a los fedatarios que violen la Ley o incurran en delitos como robos de tierra o fraude patrimonial.
El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley del Notariado, con lo que el número de notarías pasará de 100 a 154.
En este marco, el coordinador de la bancada tricolor, Gaspar Quintal Parra presentó una iniciativa para reformar la Ley del Notariado y el Código Penal, con el fin de establecer la obligación para las notarías de aplicar una tarifa social con precios bajos para las personas de escasos recursos y para imponer sanciones penales a los notarios que violen la ley haciendo uso de sus atribuciones y a las personas que cometan delitos usando servicios notariales.
La tarifa social sería pagar 50% menos de los honorarios por los servicios de los notarios, sin considerar los pagos de patentes y derechos. Esta tarifa aplicará cuando el costo del trámite represente al menos un 30% de lo que el ciudadano gana al mes, siempre que acredite carencia de recursos económicos.
Dijo que es imprescindible bajar los costos de los servicios notariales haciéndolos asequibles para los que menos tienen, asegurar su accesibilidad a toda la población, principalmente de los municipios del interior del estado y garantizar la actuación honesta de quienes ejercen la actividad notarial.
La propuesta presentada también establece que se impondrá de 4 a 8 años de prisión, y multa de 200 a 360 unidades de medida de actualización, y cancelación definitiva de su patente, al notario público que en el ejercicio de sus funciones viole la ley.
Del mismo modo, a la persona que lleve a cabo delitos usando servicios notariales, proporcionando al notario información o documentos falsos, se le impondrá una pena de 3 a 6 años de prisión y multa de 100 a 300 unidades de medida de actualización.
Sería sancionado el notario que expida una certificación de hechos que no sean ciertos o que por engaño o sorpresa hagan que alguien firme un documento público que no habría firmado sabiendo su contenido; en este último caso se consideraría una agravante si el afectado es una persona mayor a 60 años.
Así mismo, si falsifica instrumentos o documentos dando cuenta de actos inexistentes; si se atribuye a él mismo o a un tercero un nombre, investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto al extender un documento; o si formaliza o da fe de algún acto que implique la comisión de un hecho delictivo siempre que haya conocido la ilicitud del acto de manera previa a la formalización o que conociera el uso indebido que se pretendía dar posteriormente al documento expedido por él.
