Pueblos mayas acusan al Gobierno y al Poder Judicial de permitir daños por bancos de materiales
Comunidades de Yaxcopoil, San José Tzal, Tebec y Hotzuc emprenden acciones legales para defender su territorio ante afectaciones ambientales, sociales y patrimoniales, y denuncian la omisión de autoridades frente a la actividad extractiva.
Por Redacción
Mérida, Yucatán, a 27 de agosto de 2026.- Pueblos mayas de Yucatán mantienen la defensa de sus territorios frente al crecimiento de la explotación de bancos de materiales pétreos y acusan a autoridades federales, estatales y al Poder Judicial de permitir que continúen actividades que, aseguran, afectan sus derechos al territorio, a la consulta y a un medio ambiente sano.
La organización Utsil kuxtal señala que las comunidades de Yaxcopoil, San José Tzal, Tebec y Hotzuc han recurrido a distintas instancias para exigir la intervención de las autoridades ante proyectos extractivos que, señalan, avanzan sin que se garanticen los derechos de los pueblos originarios.
En Yaxcopoil, el pasado 19 de agosto la comunidad presentó una denuncia popular ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), además de denuncias ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) del Gobierno de Yucatán y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Las acciones están dirigidas contra los bancos de materiales CYPSSA-Península y otro cuya identidad se desconoce. La comunidad sostiene que ambos se instalaron sin consultar al pueblo maya y que su ubicación incumple disposiciones establecidas para este tipo de actividades.
De acuerdo con un estudio técnico incorporado a las denuncias, los bancos se encuentran a 994.479 metros del núcleo de población de Yaxcopoil, a mil 918.834 metros del sitio arqueológico Yaxcopoil-Tanmul y a aproximadamente 600 metros de un tanque de gas estacionario.
El documento señala que el sitio arqueológico Yaxcopoil-Tanmul está reconocido por el INAH como una zona arqueológica de rango 2, con una importancia comparable, de acuerdo con el comunicado, a sitios como Dzibichaltún y Oxkintok.
La comunidad sostiene que estas condiciones contravienen los criterios establecidos en la Norma Técnica Ambiental NTA-002-SEDUMA-10, que contempla una distancia mínima de cinco kilómetros respecto de asentamientos humanos y vestigios arqueológicos, además de restricciones relacionadas con infraestructura y áreas de riesgo.
Pese a las denuncias, los pueblos mayas señalan que las empresas continúan con sus actividades y que hasta ahora no existe un procedimiento de clausura por parte de las autoridades federales o estatales.
También señalan al Poder Judicial
En el caso de San José Tzal, Tebec y Hotzuc, las comunidades promovieron en marzo un juicio de amparo contra autoridades ambientales federales y estatales, así como contra el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, por las omisiones que, aseguran, permitieron el funcionamiento de un banco de extracción de materiales pétreos de la empresa PROSER.
Los pueblos señalan que las actividades comenzaron sin una manifestación de impacto ambiental y sin un proceso adecuado de consulta y consentimiento de las comunidades afectadas.
El banco de materiales ocupa una superficie aproximada de 529 hectáreas y, de acuerdo con los denunciantes, su cercanía con las tres comunidades ha provocado afectaciones relacionadas con la extracción de material, el polvo y las explosiones.
Aunque el amparo fue admitido, la jueza Cuarto de Distrito en Yucatán, Elsa Patricia Espinosa Salas, negó las suspensiones provisional y definitiva solicitadas por las comunidades, lo que permitió que las actividades extractivas continuaran mientras se resuelve el fondo del juicio.
La decisión fue impugnada y será revisada por un Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Décimo Circuito.
Para los pueblos mayas, la extracción de bancos de material pétreo representa una forma de minería a cielo abierto que puede generar impactos sobre el territorio, el agua, el medio ambiente, la vivienda y el patrimonio cultural.
Por ello, demandan que tanto el Gobierno federal como el estatal y el Poder Judicial hagan efectivos los derechos de las comunidades y adopten medidas para prevenir daños ambientales, sociales y patrimoniales que consideran potencialmente irreversibles.
La defensa de los pueblos se centra así no sólo en frenar proyectos extractivos, sino en exigir que las autoridades garanticen su derecho a decidir sobre lo que ocurre en sus territorios y que las denuncias presentadas tengan una respuesta efectiva antes de que las afectaciones sean permanentes.
