“Que no sea una sentencia de papel”: Hopelchén exige cumplir fallo de la SCJN sobre agroquímicos
La sentencia obliga a una respuesta coordinada de los tres niveles de gobierno ante la contaminación del agua y sus posibles efectos en la salud; comunidades y especialistas la ven como un precedente para endurecer la regulación de plaguicidas en México.
Por David Rico
Mérida, Yucatán, a 8 de septiembre de 2026.— Comunidades mayas de Hopelchén, Campeche, exigieron este martes a las autoridades federales, estatales y municipales cumplir de manera integral la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la presencia de plaguicidas en el agua de la región y advirtieron que su aplicación debe ir más allá de nuevos muestreos: también debe incluir acciones en materia de salud, producción agrícola y protección ambiental.
En conferencia de prensa realizada en Mérida, integrantes del Colectivo de Comunidades Mayas de Los Chenes y especialistas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) señalaron que el fallo representa un avance para las comunidades, pero que ahora comienza la etapa de mayor importancia, la de llevar sus disposiciones al territorio y garantizar que las autoridades cumplan con las responsabilidades que les corresponden.
“Que no sea una sentencia de papel”, planteó Leydy Aracely Pech, integrante del colectivo, al referirse a la necesidad de que la resolución se traduzca en acciones y cambios concretos.
Pech explicó que las comunidades esperan todavía la versión definitiva de la sentencia, conocida como engrose, que incorporará los comentarios formulados por las y los ministros. Una vez publicada, sostuvo, las autoridades deberán comenzar a cumplir las medidas dentro de un plazo razonable.
La exigencia, dijo, implica la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno, pues el problema no puede ser atendido por una sola dependencia.
El cumplimiento involucra a varias autoridades
Itzel Arteaga San Germán, abogada senior del CEMDA, explicó que el litigio se originó por la falta de información suficiente sobre la calidad del agua en Hopelchén, los indicios de presencia de plaguicidas y la ausencia de una política pública clara para enfrentar los riesgos asociados con estas sustancias.
La resolución de la SCJN estableció medidas relacionadas con la generación de información ambiental, el monitoreo de los cuerpos de agua, estudios sobre su calidad y la presencia de plaguicidas, así como acciones para garantizar el acceso de las comunidades a agua de calidad.
También contempla la elaboración de un informe detallado sobre los plaguicidas identificados en la región y un seguimiento permanente de la problemática.
Arteaga explicó que inicialmente el planteamiento estaba centrado en el glifosato, pero el alcance de las medidas quedó ampliado a los plaguicidas que sean identificados en el agua de la región, incluidas sustancias consideradas altamente peligrosas.
Para cumplir con estas disposiciones deberán intervenir distintas autoridades.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene responsabilidades relacionadas con el sistema de información ambiental y la coordinación; la Comisión Nacional del Agua (Conagua) deberá participar en la evaluación de la calidad del agua, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tiene atribuciones en regulación, control y vigilancia de plaguicidas.
A nivel estatal y municipal también deberán participar las autoridades ambientales de Campeche y el Ayuntamiento de Hopelchén.
Pech señaló que uno de los principales problemas identificados por las comunidades es precisamente la falta de articulación entre instituciones, por lo que el cumplimiento de la sentencia deberá superar esa fragmentación.
Piden investigar posibles efectos en la salud
Durante la conferencia, las comunidades plantearon que el cumplimiento de la sentencia no debe limitarse al análisis del agua.
La doctora Leticia Guadalupe Yáñez Estrada, jefa del Laboratorio de Género, Salud y Ambiente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sostuvo que también es necesario estudiar los posibles efectos de la exposición a plaguicidas en la población.
Explicó que, además de los efectos derivados de una exposición aguda, existe preocupación por la exposición crónica a pequeñas cantidades de estas sustancias durante periodos prolongados.
La especialista señaló que investigaciones científicas han asociado la exposición a determinados plaguicidas con alteraciones neurológicas, endocrinas y reproductivas, así como con diversos padecimientos, aunque subrayó la importancia de generar estudios específicos para conocer la situación de las comunidades de Hopelchén.
Pech reconoció que actualmente las comunidades observan problemas de salud que les generan preocupación, incluidos casos de cáncer, pero carecen de estudios epidemiológicos que permitan establecer una relación causal entre esos padecimientos y la exposición a plaguicidas.
Por ello, consideró indispensable que las autoridades sanitarias se involucren y revisen los registros de enfermedades y causas de muerte de las localidades, con información territorial que permita determinar si existen patrones asociados con las condiciones ambientales.
“Podemos decir que en mi pueblo murieron diez personas de cáncer en menos de diez años”, ejemplificó, pero sin información médica que permita documentar las causas y su relación con el contexto ambiental, esos casos no pueden convertirse por sí solos en evidencia científica.
Ven posibilidad de un precedente nacional
Yáñez Estrada sostuvo que la resolución también puede abrir una discusión de alcance nacional sobre los plaguicidas altamente peligrosos y planteó la necesidad de avanzar hacia su prohibición en México.
Aclaró que una política de este tipo tendría que acompañarse de alternativas para los productores y de mecanismos que permitan reducir el uso de sustancias peligrosas.
La especialista consideró que el fallo de la SCJN puede convertirse en un precedente para fortalecer la regulación y avanzar en esa dirección, aunque la prohibición de estos productos a nivel nacional no forma parte de las medidas dictadas específicamente para Hopelchén.
Para Leidy Pech, el alcance del caso también rebasa a Los Chenes. Consideró que la problemática del agua debe analizarse de manera regional en la Península de Yucatán, donde distintas actividades productivas ejercen presión sobre el acuífero.
La integrante del colectivo sostuvo que la respuesta debe incorporar el conocimiento de las comunidades sobre su territorio y garantizar su participación en las decisiones que afectan sus recursos.
Las comunidades mayas de Los Chenes celebraron el fallo de la SCJN, pero dejaron claro que su siguiente exigencia será su cumplimiento efectivo.
El objetivo, dijo, es que la resolución se traduzca en acciones concretas para garantizar agua de calidad, proteger la salud y generar cambios en las políticas ambientales y productivas de la región.
