Relator de la ONU confirma crisis ambiental en Yucatán; piden declaratoria de emergencia
Organizaciones y comunidades mayas exigen suspender proyectos contaminantes, garantizar el derecho al agua y establecer acciones urgentes para proteger la salud y el territorio.
Por Redacción
Mérida, Yucatán, a 23 de marzo de 2026.- Organizaciones civiles, colectivos y comunidades mayas exigieron a los tres niveles de gobierno emitir una declaratoria de emergencia socioambiental en la península de Yucatán, luego de que el relator especial de las ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, advirtiera sobre daños ambientales y riesgos a la salud asociados al crecimiento de granjas porcícolas y al uso intensivo de plaguicidas en la región.
El posicionamiento fue difundido por el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal A. C., junto con diversas organizaciones firmantes, tras la declaración de cierre de la visita oficial del relator a México, en la que señaló que la situación ambiental en la península refleja una crisis estructural que afecta de manera directa a comunidades, particularmente al pueblo maya.
De acuerdo con lo expuesto por el relator, actualmente existen más de 500 granjas porcícolas instaladas en las cercanías de territorios indígenas, muchas de ellas sin procesos de consulta previa ni autorizaciones ambientales, lo que ha generado impactos significativos en comunidades de menor tamaño poblacional.
El funcionario internacional advirtió que estas instalaciones producen grandes volúmenes de residuos y aguas contaminadas con hormonas y antibióticos, cuya filtración representa un riesgo elevado debido a la naturaleza kárstica del suelo y la interconexión de los mantos acuíferos en la región.
Asimismo, alertó que la descarga de desechos en cuerpos de agua, especialmente dentro del Anillo de Cenotes, considerado sitio Ramsar, vulnera los derechos al agua, a la salud y a un medio ambiente sano. También señaló la generación de emisiones de metano, procesos de deforestación y la falta de transparencia en la supervisión ambiental.
En materia de salud, documentó que en diversas comunidades el agua de pozos tradicionales ha dejado de ser apta para el consumo humano, lo que obliga a las familias a adquirir agua embotellada, aunque existen evidencias de presencia de residuos de plaguicidas, como glifosato, incluso en ese tipo de agua.
El relator también expresó preocupación por el uso intensivo de sustancias consideradas altamente peligrosas, como glifosato, fipronil y neonicotinoides, así como por los efectos del monocultivo, prácticas que han provocado la muerte masiva de abejas y afectaciones económicas y culturales a comunidades dedicadas a la apicultura.
Exigen acciones urgentes y suspensión de proyectos
Tras el pronunciamiento internacional, las organizaciones firmantes demandaron la emisión inmediata de una Declaratoria de Emergencia Socioambiental en la península de Yucatán y la instalación de una mesa de atención con participación directa de pueblos mayas, sociedad civil y academia.
Entre las principales exigencias destacan la suspensión de nuevas autorizaciones a proyectos extractivos, agroindustriales e inmobiliarios que generen impactos ambientales; garantizar el derecho a la consulta indígena; asegurar el acceso a agua limpia y saneamiento; implementar un sistema de monitoreo epidemiológico sobre efectos de sustancias tóxicas; y reforzar los mecanismos de supervisión y transparencia ambiental.
Las organizaciones señalaron que una declaratoria de emergencia permitiría movilizar recursos públicos y establecer una política integral orientada a la reparación del daño y la prevención de nuevos impactos ambientales en la región.
