“Sacan los trapitos al sol” frente al Palacio: denuncian violencia y falta de derechos para mujeres en Yucatán
Integrantes del Frente por los Derechos de la Mujer en Yucatán realizaron un performance en el marco del 8M para exhibir la falta de justicia, servicios de salud y prevención de la violencia en el estado.
Por David Rico
Mérida, Yucatán, a 07 de marzo de 2026.- Con un tendedero de denuncias y consignas frente al Palacio de Gobierno, mujeres del Frente por los Derechos de la Mujer en Yucatán realizaron este sábado un performance para “sacar los trapitos al sol” y denunciar lo que sigue ocurriendo en el estado: violencia, impunidad y derechos que todavía no llegan para muchas mujeres y niñas.
La acción se realizó en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y tuvo una consigna central que se repitió una y otra vez durante la protesta: “Nos faltan derechos, nos sobra violencia”.
Desde el centro de Mérida, las activistas señalaron que, aunque en el discurso institucional se habla de avances, en la vida diaria de miles de mujeres la realidad es otra: falta prevención, falta justicia y faltan servicios básicos para enfrentar la violencia.
Uno de los reclamos más duros fue la debilidad de las instituciones encargadas de prevenir y atender la violencia contra las mujeres. De acuerdo con los diagnósticos presentados durante el performance, la subsecretaría responsable de esta tarea opera con apenas tres personas para todo el estado, lo que vuelve prácticamente imposible atender la dimensión del problema.
A eso se suma que los servicios especializados —como atención jurídica o psicológica— están concentrados principalmente en Mérida, dejando a mujeres de municipios del interior y comunidades indígenas con muy pocas opciones para denunciar o recibir acompañamiento.
Las cifras señaladas son contundentes. En Yucatán solo 9.5 por ciento de los delitos se denuncian, lo que significa que más del 90 por ciento de los casos de violencia nunca llegan a la justicia. Incluso las denuncias que sí se presentan se concentran casi totalmente en la capital: 95 por ciento de los casos de violencia familiar se registran en Mérida, reflejo de las barreras que enfrentan las mujeres en zonas rurales.
Para las mujeres indígenas la situación es aún más complicada. Según los datos expuestos, siete de cada diez desconocen qué son las órdenes de protección, y la falta de intérpretes en lengua maya dificulta iniciar o seguir procesos legales.
La protesta también puso el foco en el sistema de salud, donde denunciaron escasez de medicamentos, instalaciones saturadas y largas esperas en hospitales públicos como el O’Horán, el Hospital Psiquiátrico y clínicas del IMSS.
Se recordó que la Norma Oficial 046 que garantiza atención a víctimas de violencia sexual existe en papel, pero casi no se aplica. Entre 2010 y 2024, 2 mil 453 mujeres denunciaron violación en Yucatán, pero solo 81 pudieron acceder a la interrupción legal del embarazo, apenas 3.3 por ciento de los casos.
Otro de los temas que encendió las consignas fue el embarazo infantil y adolescente. Yucatán se mantiene entre los estados con mayor incidencia: uno de cada cinco embarazos corresponde a menores de edad, una situación que activistas vinculan directamente con violencia sexual, falta de educación sexual y desigualdad social.
“No es normal que las niñas se conviertan en madres, ni que las mujeres tengan que recorrer medio estado para encontrar justicia”, señalaron durante la acción.
El performance cerró con un mensaje directo a las autoridades: si no hay prevención, si no hay justicia y si no hay servicios accesibles, la violencia seguirá repitiéndose.
Por eso, exigieron ampliar los servicios en municipios del interior, garantizar el cumplimiento de la NOM-046, fortalecer la educación sexual integral y mejorar la infraestructura de salud. Porque, insistieron, la deuda con las mujeres en Yucatán sigue ahí, tendida al sol.
El posicionamiento fue respaldado por un grupo de académicas, investigadoras y activistas que integran el Frente por los Derechos de la Mujer en Yucatán, entre ellas Gina Villagómez Valdés, Ligia Vera Gamboa, Bertha Elena Munguía Gil, Nancy Walker Olvera, María Teresa Munguía Gil, Milagros Herrero Buchanan, Adelaida Salas Salazar y Leticia Murua Beltrán, quienes señalaron la urgencia de fortalecer las políticas públicas para garantizar prevención de la violencia, acceso real a la justicia y servicios de salud adecuados para mujeres y niñas en todo el estado.
