Santa María Chi vence a los 49 mil cerdos: clausura definitiva de la granja es un triunfo histórico
La comunidad maya, de unos 500 habitantes, resistió por más de dos años contra los daños ambientales y de salud; ahora exigen reparación integral.
Por David Rico
Mérida, Yucatán, 10 de septiembre de 2025.- La pequeña comunidad de Santa María Chi, con apenas 500 habitantes, logró lo que parecía imposible: derrotar a una granja porcícola de 49 mil cerdos que durante años contaminó el agua, el aire y la salud de las familias. La clausura total y definitiva, anunciada por la Profepa, representa un triunfo histórico que corona más de dos años de resistencia, denuncias, amparos, suspensiones y una lucha comunitaria que no se dejó doblegar.
“Es un triunfo para ellos y en general para el medio ambiente; una granja de 49 mil cerdos en una comunidad tan pequeña (500 personas)”, afirmó el abogado Orvelin Montiel Cortés, subdirector de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública, quien ha acompañado a la comunidad desde 2023.
El jurista recordó que, desde entonces, las y los pobladores no cedieron ni un centímetro en la batalla legal y social, aun cuando enfrentaron criminalización de su lucha, como en el caso del propio comisario.
Montiel explicó que la Profepa había documentado desde hace tiempo los daños de la granja: descargas de aguas residuales sin autorización, manejo irregular de lodos, ausencia de Manifestación de Impacto Ambiental y hasta la revalidación de licencias municipales que permitieron su operación.
En noviembre de 2023, la dependencia federal impuso una multa de alrededor de 17 millones de pesos y estableció 17 medidas correctivas, de las cuales la empresa se negó a cumplir siete. Ese incumplimiento reiterado llevó finalmente a la clausura total.
“En la resolución del 30 noviembre del 2023 les habían impuesto 17 medidas correctivas para que cumplieran, pero la empresa seguía sin cumplir 7 de ellas y ante el incumplimiento reiterado de las medidas correctivas pues les imponen esta clausura total y definitiva”, puntualizó el abogado.
Sin embargo, Montiel subrayó que la lucha no termina aquí. “Eso no significa que los amparos concluyan o que las denuncias se terminen, porque la empresa aún goza de su derecho de audiencia y en su momento podría impugnar la determinación de la Profepa. Pero yo veo complicado que puedan revocar esta resolución; la empresa tendría que impugnar ante un juez y dudo mucho que les otorguen y que no se ejecute, porque la granja en sí está contaminando el medio ambiente que es un derecho difuso que no solo afecta a una persona, sino a toda la población de los alrededores”.
La exigencia ahora es clara: que se cumpla a cabalidad la resolución y se implementen medidas de reparación para la comunidad. “Muchos sufren rinitis, faringitis, bronquitis por el tema de la granja y ojalá lleven a cabo medidas de reparación integral de la comunidad”, expuso.
El abogado también cuestionó la tardanza de la autoridad ambiental: “Desde el 2023 que la población está al pie del cañón y estamos ya casi terminando el 2025 y hasta ahora imponen esta medida de clausura total definitiva de la granja. Y cuánto tiempo tuvo que transcurrir para que Profepa hiciera su trabajo, no hace ningún favor, está haciendo su trabajo”.
La victoria de Santa María Chi no solo es local, sino un precedente para otras comunidades que enfrentan megaproyectos contaminantes. Una muestra de que la organización comunitaria, el litigio estratégico y la resistencia constante pueden doblegar hasta a las empresas más poderosas.
