Seguridad en Yucatán, una apariencia que invisibiliza “justicia” sin perspectiva de género

Por Cecilia Abreu

Este 19 de septiembre, la Red Nacional de Refugios A.C. (RNR) visitó la ciudad de Mérida, en donde visibilizaron que la entidad yucateca vive una simulación de seguridad, pues no protege ni defiende a las mujeres, en especial, por la falta de perspectiva de género al juzgar.

Yucatán es la ciudad más segura solamente en apariencia, visibilizó Wendy Figueroa, representante de la RNR, pues lamentó que en la entidad no hay intervención con perspectiva de género para los casos de violencia.

Señaló que el reciente caso de Astrid lo demuestra, pues la jueza desestimó un intento de feminicidio, alegando que la víctima tuvo un error de interpretación y, de acuerdo con datos estadísticos de 2021, 60 por ciento de las mujeres se siente insegura y ha vivido violencia en alguna etapa de su vida.

“Esto se refleja en los procesos no concluidos y en las sentencias que se han dado, es una de las ciudades donde no hay sentencias por feminicidios, no hay sentencias por violencia contra las mujeres y se sigue identificando la violencia familiar como un delito mínimo cuando es la antesala de los feminicidios y eso se minimiza”.

Con este panorama, las denuncias disminuyen y se crea la idea errada de que si las denuncias bajan es porque lo hace la violencia, dijo, “y esto no es así. Las mujeres no denuncian por múltiples situaciones, entre ellas la corrupción, la impunidad, la revictimización como en este caso donde no creen las autoridades”.

La entidad no cuenta con la alerta de violencia de género porque no han querido declararla y es un foco rojo, cuestionó por qué no han querido hacerlo y qué esperan, ya que las mujeres no son un número, sino ciudadanas.

Hizo un llamado para juzgar con perspectiva de derechos humanos y de igualdad sustantiva, poniendo al centro a las mujeres, para que la justicia realmente sea justa y les crean a las víctimas, pues eso no se está garantizando.

“Es necesario también que haya presupuesto garante para que las acciones de prevención y atención puedan llevarse a cabo y promover el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, esto significa que tengan acceso a un empleo digno, a una vivienda segura, a espacios de recreación, atención médica y derechos sexuales y reproductivos”.

Sobre esto último, aprovechó destacar que en Yucatán hay más de 30 procesos jurídicos abiertos contra mujeres que decidieron abortar, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró que es inconstitucional penalizar el aborto. “Es inadmisible que ahorita mujeres estén en proceso de una sentencia por haber ejercido sus derechos sexuales”.

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