Tardía, tibia y burocrática: la respuesta de la CODHEY ante crisis feminicida en Yucatán
Tras días de silencio y luego de que Líneas Emergentes cuestionó su ausencia institucional, la CODHEY emitió un posicionamiento tardío y ambiguo, cargado de conceptos, exhortos y llamados generales a autoridades, medios y sociedad civil; sin embargo, en lo referente a su propia actuación, la Comisión evitó asumir una postura firme y no anunció medidas específicas, mecanismos de seguimiento ni acciones extraordinarias, limitándose a expresar “preocupación” ante dos feminicidios y una tentativa registrados en menos de una semana en Yucatán.
Por Redacción
Mérida, Yucatán, 29 de mayo de 2026.- Después de varios días de silencio institucional, dos feminicidios y una tentativa de feminicidio registrados en menos de una semana en Yucatán, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) finalmente emitió un posicionamiento público. Sin embargo, lejos de representar una postura firme o el anuncio de acciones concretas frente a la crisis de violencia contra las mujeres, el documento fue percibido como una reacción tardía, tibia y cargada de discurso institucional.
Desde el propio título del comunicado (“CODHEY expresa preocupación ante la violencia feminicida en Yucatán”) el organismo marcó un tono que para colectivas y sectores críticos resulta insuficiente ante la gravedad de los hechos recientes. La reacción institucional no ocurrió tras el primer caso registrado el pasado 24 de mayo en Real Montejo, donde una mujer fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental mientras intentaba proteger a su hija adolescente de una agresión sexual. Tampoco surgió tras el caso de San José Tecoh, el 27 de mayo, donde otra mujer fue localizada sin vida luego de ser atacada presuntamente por un hombre.
La Comisión apareció públicamente hasta después de que una mujer fuera víctima de una tentativa de feminicidio en el fraccionamiento Las Américas, donde recibió un disparo en la cabeza presuntamente a manos de su expareja.
En lugar de fijar una postura contundente frente a esta escalada de violencia, el posicionamiento de la CODHEY dedica amplios apartados a desarrollar conceptos sobre violencia estructural, misoginia, violencia simbólica, discursos de odio y perspectiva de género. Aunque el documento insiste en la importancia de nombrar correctamente la violencia feminicida y evitar narrativas revictimizantes, evita precisar qué acciones concretas emprenderá la propia Comisión frente a estos casos.
En ningún momento informa si abrió investigaciones de oficio, si existe acompañamiento directo a víctimas o familiares, si realizará observación puntual sobre las actuaciones ministeriales o judiciales, o si emitirá recomendaciones específicas derivadas de estos hechos. Tampoco establece plazos, mecanismos de seguimiento ni medidas extraordinarias ante un contexto que ya provocó indignación social y el posicionamiento urgente de organizaciones civiles.
El contraste se vuelve todavía más evidente frente al desplegado firmado por más de 60 colectivas feministas, activistas y organizaciones civiles, quienes sí fijaron una postura frontal al denunciar la omisión institucional y exigir respuestas inmediatas ante la violencia contra las mujeres en Yucatán. La CODHEY no firmó ese posicionamiento conjunto y únicamente apareció después, mediante un comunicado propio en el que “se suma” al llamado de las colectivas, aunque sin asumir una postura particularmente crítica frente a las autoridades responsables.
Otro aspecto que ha generado cuestionamientos es que el documento parece construido para repartir responsabilidades de forma general entre “la sociedad”, “el Estado” y “todos los órdenes de gobierno”, evitando señalar omisiones institucionales específicas o exigir públicamente resultados inmediatos a dependencias concretas. Predominan expresiones como “expresa preocupación”, “exhorta”, “reitera compromiso” o “considera indispensable”, mientras la sociedad observa una crisis que dejó mujeres asesinadas, niñas huérfanas y otra mujer luchando por su vida tras un ataque armado.
Incluso, el posicionamiento dedica un apartado completo a realizar llamados a medios de comunicación y creadores de contenido para informar con ética y evitar prácticas revictimizantes. Sin embargo, la propia CODHEY ha sido señalada previamente por excluir y bloquear a periodistas y comunicadores críticos, reflejando una política institucional cada vez más cerrada frente al escrutinio público.
A ello se suma el antecedente de las agresiones registradas durante la marcha feminista del 8 de marzo de 2025. Aunque la propia Comisión reconoció en su momento violaciones a derechos humanos, a más de un año no existen avances públicos contundentes, sanciones visibles ni resultados claros derivados de aquellas investigaciones, las cuales prácticamente desaparecieron de la agenda institucional.
En medio de una creciente preocupación social por la violencia feminicida en Yucatán, el silencio inicial de la CODHEY y la falta de acciones concretas en su posicionamiento terminan fortaleciendo una percepción que cada vez se repite con más frecuencia entre activistas y sectores críticos: una institución que llega tarde, habla mucho y actúa poco.
