TEEY sanciona violencia política en los ayuntamientos de Espita y Kinchil
El Tribunal declaró responsables a autoridades municipales por obstaculizar el ejercicio del cargo de dos funcionarias; en Espita descartó que las conductas estuvieran motivadas por razones de género.
Por Redacción
Mérida, Yucatán, a 17 de noviembre de 2026.- El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) declaró responsables a autoridades de los ayuntamientos de Espita y Kinchil por actos de violencia política y obstaculización del ejercicio del cargo contra dos funcionarias municipales.
En sesión pública, el Pleno aprobó por unanimidad dos proyectos de resolución presentados por la ponencia del magistrado por ministerio de ley Carlo Méndez Suárez, en los que se analizaron las denuncias de una integrante del Cabildo de Espita y una regidora de Kinchil.
En el caso de Espita, al resolver el Procedimiento Especial Sancionador PES 04/2025, promovido por una funcionaria cuya identidad se mantiene protegida, el Tribunal determinó que no se acreditó Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), debido a que las conductas examinadas no estuvieron sustentadas en elementos de género.
Sin embargo, sí encontró elementos para acreditar violencia política, luego de identificar un patrón de conducta institucional que limitó las atribuciones de fiscalización de la funcionaria, su participación en las sesiones de Cabildo y el acceso a documentación.
Por estos hechos, el TEEY declaró responsables al presidente municipal, al secretario y a la tesorera del Ayuntamiento de Espita, y ordenó medidas para proteger los derechos político-electorales de la promovente.
En Kinchil, al resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía JDC 36/2026, promovido por una regidora que se autoadscribe como mujer indígena maya, el Tribunal declaró fundados los agravios por la obstaculización del ejercicio de su cargo.
La resolución acreditó que el presidente y el secretario municipal incurrieron en violencia política por incumplir reiteradamente sus obligaciones legales. Entre las irregularidades comprobadas están la falta de formalidades en las convocatorias a sesiones de Cabildo, restricciones injustificadas para acceder a las cuentas públicas y la realización de sesiones sin acceso al público.
El Pleno consideró que estas conductas no fueron omisiones administrativas aisladas, sino acciones que afectaron de manera sistemática las funciones de representación, deliberación y vigilancia de la regidora.
Como consecuencia, el Tribunal ordenó medidas restitutorias, de satisfacción y garantías de no repetición dirigidas a las autoridades señaladas en ambos expedientes, con el propósito de garantizar el ejercicio pleno de las funciones de las promoventes.
