Último día: Santa María Chi exige que la peste porcícola se vaya para siempre 

Comunidad vigila retiro total de la granja; denuncian descargas al manto freático y criminalización tras reabrir el caso contra el comisario.

Por David Rico

Mérida, Yucatán, a 30 de abril de 2026.-El comisario de Santa María Chi, Wilberth Nahuat, señaló que hoy se cumple el plazo final para que la granja porcícola instalada en la comunidad sea retirada en su totalidad, y advirtió que mantendrán vigilancia permanente para exigir que se cumpla la orden.

Señaló que el desmantelamiento ya comenzó y que, de acuerdo con reportes de ganaderos y apicultores, en los últimos días han salido camiones cargados con animales de las áreas de engorda, lo que confirma un avance parcial en el retiro de operaciones. Indicó que ya se han desmontado más de 20 naves.

Sin embargo, denunció que la empresa sigue incumpliendo en uno de los puntos más graves: el manejo de aguas residuales. Aseguró que continúan las descargas hacia el manto freático dentro del monte, lo que representa un riesgo ambiental que no ha sido atendido.

Nahuat explicó que esta situación ya fue planteada ante la Subdirección de Inspección, a fin de que se garantice una supervisión efectiva hasta el retiro total de la granja. “Tiene que irse todo, hasta el último punto. Mañana no debe quedar nada”, sostuvo.

Advirtió que la comunidad mantendrá el monitoreo durante las próximas horas para verificar que se cumpla completamente el desmantelamiento.

En el ámbito legal, denunció que persiste la criminalización en su contra y de otros integrantes de la comunidad, luego de que se reabriera el caso en su contra. Señaló que las autoridades han otorgado plazos adicionales a la empresa para impugnar resoluciones, pese a que los tiempos legales ya habían vencido, lo que evidencia una falta de celeridad y trato desigual por parte de la fiscalía.

El comisario subrayó que la lucha de Santa María Chi es por la defensa del territorio y el medio ambiente, y que no permitirán que la contaminación continúe ni que se utilicen procesos legales para frenar la exigencia comunitaria.