Una reforma necesaria. La justicia en México y en Yucatán: una asignatura pendiente
En esta colaboración el doctor Freddy Espadas Sosa analiza la iniciativa de reforma al Poder Judicial federal enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, un documento polémico y que ha causado un enorme revuelo en toda la sociedad.
Por Freddy Espadas Sosa*
En el trascendental discurso que pronunció Luis Donaldo Colosio hace ya 30 años, el asesinado candidato presidencial del PRI señaló que la reforma del poder que se proponía impulsar implicaba “hacer del sistema de impartición de justicia una instancia independiente de la máxima respetabilidad y certidumbre entre las instituciones de la República.”
En un histórico alegato que sigue permeando con fuerza la conciencia política de la sociedad, Luis Donaldo Colosio -cuya ilustre memoria traicionan arteramente los grupos mafiosos que ahora se disputan los despojos del agonizante PRI- enfatizaba que “había llegado la hora de hacer de la buena aplicación de la justicia el gran instrumento para combatir el cacicazgo, para combatir los templos de poder y el abandono de nuestras comunidades. ¡Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad!.” Y agregaba con singular contundencia: “Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por el abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales.”
La referencia a estos pasajes viene al caso porque las poderosas verdades sociopolíticas que ellos encierran todavía mantienen su plena vigencia en el contexto de la iniciativa de reforma al poder judicial federal enviada por el Presidente de la República al Congreso de la Unión.
Esta iniciativa ha causado un enorme revuelo en toda la sociedad y es la propuesta presidencial de reformas que más se ha posicionado en el debate público, lo cual puede evidenciarse en los álgidos foros nacionales que acaban de concluir y que tuvieron la finalidad de enriquecer dicha iniciativa con las aportaciones de los actores involucrados.
Sobre esta iniciativa, debo señalar que concuerdo plenamente con los principales aspectos de su contenido -especialmente con la elección popular de las y los juzgadores en todos sus niveles-, en razón de lo prescrito por el artículo 39 constitucional que a la letra dice: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.” Huelga decir que el poder judicial, en sus ámbitos federal y estatal, es el único que hasta ahora se ha sustraído de este mandato de la Carta Magna.
En la Exposición de Motivos de esta propuesta de reforma, el Ejecutivo Federal enfatiza que la Corte “tiende a actuar no sólo en contra de otros poderes, respecto a los cuales debiera prevalecer su independencia e igualdad, sino también en contra de la soberanía popular y las decisiones de las mayorías, lo cual contraviene la lógica de los ideales democráticos.”
Igualmente el Presidente aduce que cuando la Corte declara inconstitucional un acto legislativo, “se frustra la voluntad de los representantes de las personas aquí y ahora, y ejerce el control supremo, no en representación de la mayoría prevaleciente, sino en su contra, razón por la cual sus decisiones se deslegitiman a los ojos de una sociedad democrática ante la existencia de un poder que no fue electo por el voto popular revestido de facultades para confirmar o anular la validez de los actos y las leyes apoyadas por los representantes de las mayorías (Ejecutivo y Legislativo). Esto representa un límite a la capacidad del pueblo de autogobernarse a sí mismo.”
De lo anterior deriva la necesidad de democratizar y legitimar al Poder Judicial, prescribiendo en la Constitución la elección por voto popular directo de ministros, magistrados y jueces, en razón de que “no puede haber en una democracia un poder público que no dimane directamente de la soberanía popular; la cúspide del poder judicial en México representa los intereses de otros poderes, incluso fácticos, pero no los ciudadanos, y porque resulta absurdo constitucionalmente que los ministros y magistrados invaliden leyes que son aprobadas por los representantes populares, sin tener representación popular alguna.”
Todo lo anteriormente expuesto nos indica que los mexicanos -especialmente los sectores sociales más desprotegidos- aún no tenemos el acceso a una justicia pronta, expedita, completa, imparcial y gratuita, como lo estipulan el párrafo segundo del artículo 17 constitucional y el numeral 1 del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Sostenemos que la tortuosidad, los abusos, las dilaciones y las distorsiones prevalecientes en el sistema de impartición de justicia en general se deben a que en este sistema continúan predominando el poder corruptor del dinero y el uso indiscriminado del tráfico de influencias, insanos e inmorales recursos con los cuales los integrantes privilegiados de la sociedad obtienen el pronto y obsequioso beneficio de los juzgadores, en tanto que la injusticia se ensaña principalmente contra los más pobres, marginados y desprotegidos de la sociedad, como son los obreros, campesinos, mujeres y niñas violentadas, indígenas, jóvenes, defensores comunitarios de recursos naturales, etc.
No obstante mi postura en favor de esta trascendental iniciativa, considero que el Congreso de la Unión debe incorporar las diversas propuestas que se han hecho en los foros nacionales, como es el tema de la carrera judicial, la experiencia de los profesionales del Derecho, la gradualidad de la aplicación de la reforma y otras más que tiendan a enriquecer la iniciativa y a planear con cuidado su ulterior implementación.
La deliberación pública sobre la reforma en comento nos lleva de manera inevitable a preguntarnos cuál es la situación real que prevalece en el sistema de justicia en Yucatán y si constituye un imperativo ético y político demandar su inminente reforma, en razón del cuestionado desempeño de la justicia en nuestro estado y de los inevitables alcances que habrá de tener en las entidades federativas la posible aprobación de la citada iniciativa presidencial.
Partiendo de la premisa humanista de que, incluso por encima de la pobreza misma, la injusticia es tal vez lo que más lastima y causa enorme sufrimiento a los sectores marginados y desprotegidos de la sociedad, consideramos pertinente presentar esta batería de interrogantes para nuestro contexto estatal:
¿Alguien o alguna institución sabe o ha investigado a fondo cómo se encuentra la procuración e impartición de justicia en Yucatán, y cuáles son sus claroscuros?
¿Se sabe cuántas personas están en las cárceles sin que hasta ahora hayan sido sentenciadas por los cargos que se les imputa?
¿Cómo operan el poder del dinero y el tráfico de influencias en el sistema de procuración e impartición de justicia de nuestra entidad?
¿Cuáles son los niveles de impunidad y corrupción que prevalecen en este sistema?
¿Cuántas personas indígenas están injustamente presas en los centros penitenciarios estatales, las cuales no saben o no comprenden de qué se les acusa ni cómo va su proceso, lo que muestra que están en una situación de total indefensión por razones de su condición étnico-lingüística y de su situación de pobreza extrema?
Concluyo señalando que el nuevo gobierno estatal de la 4T, que asumirá funciones el próximo primero de octubre, tiene la gran responsabilidad política de impulsar una profunda reforma en el Poder Judicial del Estado, lo que implicará revertir los perniciosos cambios que llevó al cabo el gobernador saliente Mauricio Vila Dosal al aumentar el número de magistrados del Tribunal Superior de Justicia y establecer que serán ellos mismos quienes podrán nombrar a sus sucesores, reformas con las cuales los yucatecos tenemos ahora un poder judicial oneroso, paquidérmico, semi feudal y francamente autárquico.
Todos los yucatecos y yucatecas tenemos derecho a una justicia pronta, expedita e imparcial, y a disponer de un poder judicial donde estén erradicados la corrupción, el tráfico de influencias, los abusos y los privilegios inmorales. Que así sea.
*Doctor en Educación. Ex director de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán.
