Vecinos de Ciudad Caucel promueven amparo por falta de agua potable
Señalan fallas constantes en el servicio y acusan rezago en la infraestructura hidráulica
Por Redacción
Mérida, Yucatán, 22 de abril de 2026.— Habitantes de Ciudad Caucel y otras zonas del poniente de Mérida promovieron un amparo indirecto ante juzgados federales, con el objetivo de que se restablezca de manera constante el suministro de agua potable en sus hogares.
La acción legal fue presentada contra la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán y contra áreas del Ayuntamiento de Mérida, al considerar que ambas instancias tienen responsabilidad en la prestación del servicio y en la planeación del crecimiento urbano.
Los ciudadanos son representados por el abogado Juan Pablo Delgado Miranda, quien explicó que el recurso busca obligar a las autoridades a garantizar el acceso regular al agua potable, especialmente en zonas donde la presión es insuficiente o el suministro se interrumpe con frecuencia.
De acuerdo con lo expuesto por los promoventes, el crecimiento acelerado de la mancha urbana en el poniente de la ciudad habría rebasado la capacidad de la infraestructura hidráulica existente, lo que ha derivado en problemas constantes de abasto para miles de familias.
La diputada local Larissa Acosta Escalante, quien acompañó a los vecinos durante la presentación del amparo, señaló que la problemática no es reciente y responde a rezagos acumulados durante varios años en materia de inversión y modernización del sistema hidráulico.
Indicó que la falta de presión y los cortes en el servicio se han vuelto situaciones habituales para los habitantes de Ciudad Caucel, donde el aumento poblacional ha generado una demanda cada vez mayor de agua potable.
Los afectados también adelantaron que podrían sumarse más ciudadanos a esta vía legal en los próximos días, con el fin de exigir que se garantice su derecho al acceso al agua, considerado un servicio básico para la vida cotidiana.
Una de las vecinas participantes en el proceso, María Cejudo, expresó que la decisión de acudir a tribunales surgió tras múltiples reportes sin respuesta efectiva por parte de las autoridades, lo que motivó a los residentes a organizarse para buscar una solución formal al problema.
