Yucatán deberá rehacer presupuesto para etiquetar hacia la comunidad LGBT+
Por Cecilia Abreu
Congreso de Yucatán y Gobierno del Estado deberán destinar presupuesto etiquetado para políticas públicas de la comunidad LGBTTIQA+ este 2023
El Juez dictaminó que deberán obtener los recursos de la partida “para otros grupos vulnerables”, misma que este año tiene 493 millones 755 mil 283 pesos
¿Recuerdan que el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (CPTFY) y AMICUS interpusieron un amparo por la falta de presupuesto dirigido hacia la creación de políticas públicas para la comunidad LGBTTIQA+ en la entidad? Ahora el Juez Quinto de Distrito con sede en Mérida reconoció que tiene que haber esta partida presupuestal, sentenciando al Congreso del Estado a asignar los recursos para este mismo año.
Fue el pasado 10 de febrero cuando las organizaciones interpusieron la demanda contra el Gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, y el Congreso del Estado, por la falta de asignación presupuestal para este grupo poblacional que, como bien es sabido, vive diversos tipos de discriminación y vulneraciones a sus derechos humanos en la entidad yucateca.
Esta mañana, en rueda de prensa, César Briceño, dio a conocer que la sentencia del juez fue en su favor desde el pasado 13 de junio y ahora el Congreso de Yucatán y el Gobernador tendrán que destinar los recursos para crear políticas públicas para atender, restituir y garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+ en Yucatán.
“Esperamos que el Gobernador Mauricio Vila y el Congreso de Yucatán tomen las medidas necesarias para cumplir con la sentencia de amparo a la brevedad, ya que en lo que va de esta administración no se ha creado ni implementado ningún tipo de política pública dirigida a la población LGBTQ+”.
No crear estas políticas públicas de atención y protección a la comunidad que porta el arcoiris en su bandera, es violencia institucional; así lo refirió el activista, quien además visibilizó que, de no acatar o intentar interponer recursos para frenar esta sentencia, también estarían cometiendo violencia institucional, pues invisibilizan y vulneran a las personas LGBT+, demostrando también la falta de voluntad política.
Enfatizó que el recurso que asignen debe ser para políticas públicas integrales que restituyan y garanticen los derechos de las personas LGBTQ+ en Yucatán “y no debe ser confundido por el Ejecutivo con un presupuesto para festivales, espectáculos y autopromoción”.
Entre las acciones que mira pertinentes, señaló la realización de un diagnóstico para conocer a la comunidad y sus necesidades, logrando priorizar cuáles serían los primeros pasos a seguir en las políticas públicas.
Aprovechó también para recordar que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Víctor Hugo Lozano Poveda, cuando interpusieron el amparo, aseguró que el legislativo acatará la sentencia del Juez, momento que ha llegado.
Juan Pablo Delgado, representante de AMICUS, apuntó que esta es la segunda sentencia de este tipo en el país —en Guanajuato ocurrió la primera—, “ayuda a ir construyendo no nada más como un antecedente positivo para las personas LGBT en Yucatán, sino como un estándar que debería tener vigencia en cualquier Estado de la República”.
Celebró que la sentencia del juez de Yucatán especifica que el presupuesto deberá salir del anexo existente “a otros grupos vulnerables”, con 493 millones 755 mil 283 pesos, aunque no determina qué porcentaje deberán utilizar, el activista considera que deberá haber diálogo con colectivas, organizaciones y personas de la comunidad LGBT+ para determinar cuánto será necesario. El también abogado hizo un llamado a las autoridades correspondientes para acatar la sentencia.
