«¿5 años no han sido suficientes?», continúan pidiendo justicia por Emma Gabriela

Por Cecilia Abreu

“Yo no le puedo decir a mi hija ‘descansa en paz’ porque sé que ella no va a descansar hasta ver que esto ya se terminó y que sus niños tienen toda la protección y no corren ningún peligro”.

Dos niñas y un niño son víctimas del feminicidio de su madre, Emma Gabriela Molina Canto, que, a cinco años de los hechos, continúan sin tener la seguridad que la Ley misma debería proveerles; su abuela, Ligia Canto, continúa en la lucha por la custodia definitiva.

Estas infancias, viven con miedo y cuando van por la calle voltean a ver hacia atrás a ver si les están cuidando “no tienen libertad de tránsito, no es posible que estén con miedo”, lamentó su abuela, señalando que las autoridades aún no determinan que ella sea quien tenga la guardia en custodia definitiva.

“No estamos pidiendo nada extraordinario […] ¿Cinco años no han sido suficientes? ¿De 2010 a 2022 no han sido suficientes para que ya termine esta historia de terror? De peregrinar de juzgado en juzgado enfrentándome con autoridades, peleando por alago que no tengo que pelear”.

Aunque el caso tiene procesos legales abiertos hasta la fecha, la custodia definitiva no ha sido entregada a su abuela, Ligia Canto, quien expuso que la defensa de sus derechos cuesta, “el día a día es pagar para poder salir adelante con estos procesos” y esto les crea una disyuntiva en la familia, pues necesitan cubrir las necesidades de las niñas y el niño, pero al mismo tiempo continuar luchando por su protección. “Tenemos que hacer milagros para que les podamos proveer y tener el mayor estado de bienestar que les podamos proporcionar”.

¡Qué código más misógino tenemos en Yucatán! Que no busca el bienestar del menor, sino el bienestar de la parte masculina”.
Son personas que sienten y piensan, todas las agresiones físicas y psicológicas que sufren las infancias son para toda la vida, “las heridas siguen ahí y les van a acompañar el resto de su vida, no podemos borrar”.

La situación tiene que cambiar desde la raíz, exhibió, pues actualmente la legislación no está protegiendo a las personas vulnerables, como incluso lo dicta la Constitución, “estamos fallando en contra de los ciudadanos más indefensos, los niños, los tenemos como si no tuvieran voz ni derechos”.

Expresó que aún quiere ver a su hija, estar con ella como antes, “la necesito, necesito que esté conmigo y al mismo tiempo le digo ‘mi amor, seguimos, seguimos, empújame, empújame para que yo no decaiga’”.

A pesar de los antecedentes del padre, Alberto Martín Medina Sonda, con el sustento de diligencias al reclusorio de Tabasco, la custodia definitiva continúa sin ser entregada a la abuela, “cuando en realidad de inicio existían todas las pruebas para decir: ‘es por acá’”.

Luego del feminicidio de su hija, las amenazas y difamaciones terminaron por parte de los agresores (Medina Sonda, su madre y su padre), “yo le llamo a eso el silencio de los no inocentes”; el amparo en revisión deja en claro que la liberación de Medina Sonda no fue por su inocencia, sino por mala integración de la carpeta de investigación.

La lucha continuará, “hasta que tenga la custodia definitiva, hasta ver que están confirmadas las sentencias, hasta ver que a este señor se le investigó para que le dé a mis nietos la pensión que les corresponde”.

¿Qué le pasó a Emma Gabriela Canto Molina?*

Emma Gabriela Molina Canto, fue esposa de Martín Alberto Medina Sonda, con quien tuvo dos hijas y un hijo y, tras 16 años de matrimonio, siendo víctima de diversos tipos de violencia, como física, psicológica, económica y patrimonial, se divorció en 2007.

En ese momento, Medina Sonda incluso era alto funcionario de Andrés Grannier en Tabasco; Emma Gabriela pudo quedarse con la custodia legal de sus hijos y se refugió en Yucatán; sin embargo, el 25 de mayo fue víctima de secuestro por agentes judiciales del estado de Tabasco, quienes se la llevaron con falsos cargos por robos de autos, fue violentada físicamente y tras cuatro meses demostraron que las acusaciones fueron falsas.

Su madre, Ligia Canto Lugo, recuerda que el 25 de mayo de 2012 su hija se trasladaba con sus nietas y su nieto a las oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en Mérida, cuando de manera violenta la detuvieron agentes ministeriales de Yucatán y de Tabasco y se llevaron las y el menor, que en ese momento tenían 8, 6 y 4 años de edad.

Aunque recuperó su libertad, sus hijos fueron secuestrados por su padre y la lucha comenzó con la denuncia, acoso judicial y amenazas; Emma Gabriela fue una madre yucateca que luchó durante dos años para recuperar a sus hijos.

Su lucha continuó hasta el último día de su vida e incluso, junto con su madre, Ligia Canto se plantaron en dos ocasiones frente expresidente Enrique Peña Nieto en actos públicos con mantas exigiendo apoyo federal.
En 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) logró rescatar a las y el menor, y detener a Medina Sonda. Pero las amenazas en contra en su contra continuaron hasta el 27 de marzo de 2017, cuando fue víctima de feminicidio, en manos de dos hombres contratados por su exesposo, quien, desde la penitenciaria, con una sentencia de 12 años en la cárcel de Tabasco por lavado de dinero, planeó los hechos.

Desde allí, la lucha de Canto Lugo por la custodia de sus nietas y nieto comenzó, pues le dieron la custodia temporal, pero lucha por la definitiva y el cumplimiento de responsabilidades como pensión alimentaria para cubrir sus necesidades por parte de Medina Sonda.

Su exigencia es y siempre ha sido que las autoridades investiguen a profundidad el caso, la violencia contra su hija, las y el menor, así como el lavado de dinero de su padre; pues incluso familiares de Medina Sonda estuvieron involucrados.

En este caso, se han pronunciado diversas activistas, entre ellas Sandra Peniche Quintal, presidenta de Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva (SHSSR), quien lamentó que Emma Gabriela tuvo una larga lucha frente a un sistema corrupto y coludido que no impidió su feminicidio; el Poder Judicial del Estado de Yucatán, el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán y todas las dependencias involucradas, han tenido omisiones graves que culminan sin evitar estos casos.

*Con información de David Rico y CNDH

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