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A 16 años de los “chavos expiatorios” del 13 de marzo

Hace 16 años, en el marco de las protestas por la visita de George Bush a Mérida 48 jóvenes fueron detenidos, 23 de ellos encarcelados, en una represión focalizada, dirigida y discriminatoria, hacia hombres y mujeres con identidades “proscritas”.

Por DRV /

El 13 de marzo de 2007, en el marco de las protestas en contra de la visita del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, 48 jóvenes fueron detenidos en Mérida,  en un operativo policiaco que, de acuerdo a organismos defensores de los Derechos Humanos como la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) y el Equipo Indignación, fue una acción dirigida y discriminatoria en contra de jóvenes con características específicas, asociadas a identidades históricamente proscritas.

Se trató de una represión focalizada que continuó con el posterior encarcelamiento de 23 jóvenes sin derecho a fianza, como una estrategia de control efectista del Estado, que, ante la pérdida de legitimidad, de su capacidad rectora, busca la ratificación del poder a través de grupos catalogados como “delincuentes”.

Lo anterior da muestra de la relación que se establece entre los jóvenes y el Estado, la cual prevalece, así como las ideas de este último respecto a la categoría de juventud, en particular hacia las y los jóvenes que a través de sus prácticas y distintas formas de manifestarse cuestionan determinado orden.

Los jóvenes con adscripciones identitarias asociadas a diferentes culturas juveniles y estéticas espectaculares, proscritas, fueron blanco del operativo que se llevó a cabo el 13 de marzo de hace 16 años.

En una situación que prevalecen este tipo de jóvenes se ha convertido en el blanco de las políticas de control, debido a que la idea asociada a la juventud está basada en aspectos negativos que se relacionan convenientemente a la idea de adolescencia como una etapa de transición de la niñez a la vida adulta, de inestabilidad, necesidad paternal, de tutela y de formación.

Este punto de vista dominante que ubica a los jóvenes en una posición desigual se legitima principalmente a través de los medios de comunicación y otras instituciones y construye la idea que los pinta como incompetentes y como peligrosos, lo cual justificaría la represión que se llevó a cabo.

Sin embargo, los jóvenes ubicados en una posición vulnerable y desigual se han dotado de prácticas y formas de acción específicas para hacer frente a tal situación, las cuales caen dentro del plano estrictamente político e impugnan el orden establecido, además de proponer y anhelar futuros mejores.

Recientemente, las agrupaciones Elementa DDHH y Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (CEJUDI), presentaron un informe en el que se da cuenta de la prevalencia en Yucatán, de las detenciones arbitrarias y abuso policial, fenómenos que se dan obedeciendo a un patrón de discriminación y violando derechos humanos.

Como parte del diagnóstico que hicieron estas agrupaciones se destaca que tan solo en el 2022 se documentaron 36 casos con estas características, donde personas detenidas fueron perfiladas como sospechosas, escandalosas o problemáticas, por su tono de piel, forma de expresar su identidad, género, clase, etc. Se menciona que el gobierno ha hecho caso omiso a los casos que ocurren.

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