Amnistía advierte criminalización de defensores del territorio en Yucatán

Desde el Congreso local, la organización señaló que el uso del sistema penal y la fuerza pública se ha convertido en una estrategia para frenar la resistencia de comunidades que defienden el agua y el medio ambiente.

Por David Rico

Mérida, Yucatán, a 24 de abril de 206.-  La directora ejecutiva de Amnistía Internacional, sección mexicana, Mtra. Edith Olivares Ferreto, advirtió que en México y en Yucatán se está utilizando el sistema de justicia penal como herramienta para inhibir la protesta social y debilitar la resistencia de comunidades que defienden su territorio y sus recursos naturales.

Durante su participación en el foro “Defender derechos no es delito”, realizado en el H. Congreso del Estado de Yucatán, la representante del organismo internacional sostuvo que la criminalización de la protesta se ha convertido en una de las principales amenazas al ejercicio de los derechos humanos, particularmente para quienes se organizan en defensa del agua, la tierra y el medio ambiente.

En su intervención, expuso el caso de la comunidad de Sitilpech, cuyos habitantes han denunciado presuntos daños ambientales derivados de la operación de una granja porcícola en la zona. Recordó que desde 2021, pobladores organizados en el colectivo “La Esperanza Sitilpech” emprendieron acciones legales para frenar la actividad que consideran contaminante, sin obtener respuesta favorable de las autoridades judiciales.

Ante esa situación, relató que en febrero pasado los habitantes instalaron un campamento pacífico en los accesos de la granja para impedir el ingreso y salida de camiones, acción que derivó en operativos policiacos con presencia de decenas de elementos antimotines. Según señaló, durante estos operativos se registraron agresiones contra manifestantes, incluidos mujeres y menores de edad, y posteriormente se ejercieron acciones penales contra tres defensores comunitarios.

“A pesar de la represión, los cargos penales no se levantaron contra policías ni empresarios, sino contra los defensores”, afirmó.

Olivares Ferreto subrayó que la protesta pacífica es un derecho reconocido por el derecho internacional de los derechos humanos y ha sido un mecanismo histórico para la conquista de libertades y garantías sociales. En ese sentido, advirtió que los gobiernos suelen percibir las protestas como actos incómodos porque evidencian inconformidades y cuestionan decisiones públicas.

Señaló que una de las formas más recurrentes de limitar la movilización social es la criminalización, entendida como el uso del aparato punitivo del Estado para castigar o disuadir la protesta mediante figuras legales ambiguas como motín, obstrucción de obra pública o ataques a las vías de comunicación.

La directora de Amnistía Internacional México también alertó que las personas defensoras del territorio enfrentan un contexto de riesgo que incluye hostigamiento, amenazas, desplazamiento forzado, desapariciones y violencia. Recordó que en el país existen más de 132 mil personas desaparecidas, lo que agrava el peligro asociado a detenciones arbitrarias durante manifestaciones.

En ese marco, explicó que el informe “México: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente” documenta casos en los que el sistema penal fue utilizado contra personas que ejercían su derecho a protestar, evidenciando un patrón de actuación institucional que busca desincentivar la defensa comunitaria del territorio.

Asimismo, indicó que, tras la publicación de dicho informe, la organización ha trabajado para que las autoridades desistan de acciones penales contra defensores y para impulsar reformas legales que garanticen la protección del derecho a la protesta.

Finalmente, la representante de Amnistía Internacional llamó a las autoridades a reconocer la legitimidad de la movilización social y a garantizar condiciones para el ejercicio pleno de los derechos humanos, al tiempo que expresó su reconocimiento a las comunidades, activistas y periodistas que continúan denunciando afectaciones ambientales y defendiendo sus territorios.

“Gracias por su valentía y su dignidad. Gracias por salir a protestar para defender su colonia, el agua y el territorio”, concluyó.