Política y Gobierno

Luego de rechazar una recomendación de la CNDH y de que la Policía Municipal (PMM)ha sido severamente cuestionada por la muerte del joven veracruzano José Eduardo Ravelo, presuntamente a manos de la corporación, ahora el Ayuntamiento de Mérida anunció una reestructuración a los procedimientos de los elementos policiacos “para reforzar aún más el respeto a sus Derechos Humanos”.
Según el comunicado, se inició una transformación de la PMM desde finales del año pasado “para que Mérida continúe destacando como una de las ciudades más seguras del país y mantenga los elevados índices de percepción de confianza entre la población”.

De acuerdo con la CODHEY, la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán sigue siendo la instancia más señalada por violaciones a derechos humanos y le sigue la Fiscalía General del Estado de Yucatán; Ayuntamiento de Kanasín; Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay); Ayuntamiento de Mérida; Secretaría de Salud de Yucatán; Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán; Tribunal Superior de Justicia y los ayuntamientos de Progreso y Celestún.
Los hechos violatorios más señalados son: prestación indebida de servicio público, detención arbitraria; lesiones; amenazas; robo; violación al derecho de los menores a que protejan su integridad; intimidación; violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica; trato cruel, inhumano o degradante; dilación en la procuración de justicia; y retención ilegal.

Al rendir hoy su informe de gestión, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Miguel Oscar Sabido Santana, dio a conocer las malas condiciones en que se encuentran las cárceles estatales y municipales en la entidad.
Entre las irregularidades se menciona una infraestructura carente de mantenimiento y equipamiento en los dormitorios, servicios sanitarios, patios, áreas comunes y área de gobierno, que resultan necesarios para que las personas privadas de su libertad tengan una estancia digna.
También dio a conocer que el Centro de Atención al Menor en Desamparo (CAIMEDE) también fue objeto de supervisión y en este ejercicio se logró advertir que pese a ser un centro para niñas, niños y adolescentes, albergan a personas mayores de 18 años en condiciones de discapacidad física y psicosocial, además de que se determinó que no tiene personal especializado ni instalaciones habilitadas para darles la debida atención.