CODHEY da carpetazo a investigación del 8M
Aunque la CODHEY anunció hace más de un año el inicio de una queja de oficio por presuntas violaciones a derechos humanos en la marcha del Día Internacional de la Mujer de 2025, no ha reportado diligencias, conclusiones ni emitido recomendaciones, pese a tratarse de un procedimiento formal.
Por David Rico
Mérida, Yucatán, a 06 de mayo de 2026.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán dio carpetazo al caso del 8 de marzo de 2025. A más de un año y dos meses de haber anunciado el inicio de una queja de oficio por presuntas violaciones a derechos humanos durante la marcha del Día Internacional de la Mujer, el organismo no ha presentado resultados, no ha emitido recomendaciones y ha incurrido en versiones contradictorias sobre la existencia y estado de ese procedimiento, que por su naturaleza debió seguir un cauce formal.
La inacción de la Comisión no es un hecho aislado, responde a una lógica de evitar confrontaciones en un momento en que el organismo busca prebendas: mayor presupuesto para el próximo ejercicio, una reforma que extienda el periodo en el cargo de su presidencia y posicionar la sucesión interna. En ese contexto, el manejo del caso implica no solo dejar sin seguimiento una queja iniciada de oficio, sino también una ruptura con la responsabilidad institucional de proteger a las mujeres afectadas por los hechos.
El 9 de marzo de 2025, mediante un boletín oficial, la CODHEY documentó que durante la movilización se registraron actos de represión contra manifestantes, incluidas mujeres periodistas, con uso de chorros de agua y gases. En ese comunicado, el organismo señaló que dichos hechos “constituyen una violación a sus derechos humanos, a la integridad personal y a la manifestación y protesta”, y precisó: “ante estos hechos, la CODHEY ha iniciado de oficio una queja para investigar las circunstancias en las que se dieron estos actos”.
La figura de queja de oficio implica la apertura de un expediente y el desarrollo de un procedimiento institucional que puede derivar en determinaciones y recomendaciones dirigidas a las autoridades involucradas. Sin embargo, a la fecha no existe información pública sobre diligencias, avances, conclusiones o eventual emisión de recomendaciones en este caso.
En un evento reciente, en el que la CODHEY presentó el informe “El derecho a la protesta en Yucatán…”, elaborado en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la presidenta del organismo, María Guadalupe Méndez Correa, fue cuestionada sobre el estado de la investigación.
—“El año pasado, cuando se dio este suceso del 8M, usted dijo que iban a levantar una investigación y una queja de oficio. ¿Qué pasó con eso?”, se le preguntó.
—“No, dijimos que íbamos a hacer un informe, un informe especial y este es el que estamos anunciando hoy”, insistió la presidenta de la CODHEY.
La funcionaria sostuvo que la queja se convirtió en informe, pero su postura se tensó y el rostro le cambió cuando se le mostró el boletín del 9 de marzo de 2025, en el que se dijo textual y oficialmente que se iniciaba una queja de oficio, y se le cuestionó si entonces aquel comunicado fue incorrecto.
Por cierto, mientras se realizaban estos cuestionamientos, la encargada de comunicación social de la CODHEY, quien grababa la entrevista, se mostró molesta y en un momento exclamó: “ash, yo ya no puedo…”, tras lo cual pasó el teléfono a otra persona y se retiró del lugar.
Sin una respuesta concluyente de la presidenta de la CODHEY, intervino entonces Otto Castillo González, quien ofreció una versión distinta. Inicialmente planteó que el caso derivó en el informe presentado; sin embargo, ante cuestionamientos adicionales, afirmó:
—“Sí, se abrió un expediente, el cual está ahí…”.
Al ser consultado sobre si el procedimiento estaba concluido, respondió:
—“Todavía está en desarrollo…”.
También señaló que la investigación se mantiene en proceso y que parte de su desarrollo se vinculó con la elaboración del informe presentado en conjunto con la ONU-DH.
Las declaraciones contrastan con el contenido del boletín emitido por la CODHEY en 2025, en el que se estableció de manera explícita el inicio de una queja de oficio, lo que obligaba a la integración de un expediente, la realización de diligencias y la emisión de una resolución o recomendación.
A más de un año de los hechos, no hay claridad sobre el estado formal de la queja anunciada por la propia CODHEY: mientras la presidencia niega su existencia, un funcionario confirma la apertura de un expediente que, todo indica, permanece congelado. En los hechos, no se han informado resultados, determinaciones ni recomendaciones derivadas de un procedimiento que, por tratarse de una queja de oficio, debía agotarse conforme a las atribuciones del organismo; una omisión que deja sin respuesta a las mujeres afectadas y que se aparta de los principios que la propia Comisión está llamada a garantizar.
