Comunidades mayas piden a la SCJN atraer tres casos ambientales

Los expedientes de Homún, el Anillo de Cenotes y las abejas en Hopelchén buscan una resolución definitiva sobre la protección del territorio y los ecosistemas.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, a 17 de junio de 2026.- Comunidades mayas piden a la SCJN atraer tres casos ambientales

Los expedientes de Homún, el Anillo de Cenotes y las abejas en Hopelchén buscan una resolución definitiva sobre la protección del territorio y los ecosistemas.

Comunidades mayas de Yucatán y Campeche solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer tres casos relacionados con la defensa del territorio, el agua y la biodiversidad, al señalar que los procesos legales mantienen pendientes de resolver conflictos ambientales que han afectado a sus comunidades durante varios años.

Los casos corresponden a la operación de una granja porcícola en Homún, Yucatán; el reconocimiento del Anillo de Cenotes como sujeto de derechos; y la protección de las abejas en Hopelchén, Campeche, ante los impactos que atribuyen al avance de la agroindustria.

En Homún, habitantes de la comunidad mantienen desde 2017 una disputa legal contra una granja porcícola instalada dentro de la zona de influencia de la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes, un área considerada estratégica por la importancia de su acuífero.

La comunidad obtuvo un amparo que permitió detener las actividades de la granja y retirar los animales del sitio; sin embargo, pobladores señalaron que la incertidumbre continúa debido a que existen recursos legales que podrían abrir la posibilidad de que la empresa retome operaciones.

Maribel Ek, representante de la comunidad de Homún, afirmó que la falta de una resolución definitiva mantiene a la población en alerta.

“Sentimos que si no tenemos la resolución definitiva le estamos dando la oportunidad a la granja de que pueda volver a abrir en algún momento. Necesitamos esa certeza para nuestra comunidad y para evitar que otro megaproyecto pueda instalarse en nuestro territorio”, expresó.

La abogada Lourdes Medina, del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, explicó que la atracción del caso por parte de la SCJN permitiría buscar una sentencia que establezca medidas de reparación por las posibles afectaciones generadas durante el periodo en que la granja operó, además de fortalecer el reconocimiento del derecho de los pueblos mayas a la consulta previa, libre e informada.

El segundo expediente también está relacionado con Homún y plantea que el Anillo de Cenotes sea reconocido como sujeto de derechos, con personalidad jurídica propia para garantizar su protección.

De acuerdo con Medina, este caso representa una oportunidad para que la Suprema Corte establezca un precedente sobre la protección de los ecosistemas y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en México.

“Es una oportunidad histórica para dar una visión de la importancia de estos bienes naturales y pasar de los discursos sobre la protección de los pueblos indígenas a acciones concretas”, señaló.

El tercer caso que buscan llevar ante la SCJN se originó en Hopelchén, Campeche, donde comunidades mayas impulsan desde hace años el reconocimiento de las abejas como sujetos de derecho.

La defensa surge ante las afectaciones que, señalan, han provocado los monocultivos, el uso de organismos genéticamente modificados, la deforestación y la aplicación intensiva de agroquímicos, factores que han impactado a los polinizadores y al equilibrio ambiental de la región.

Aunque la comunidad logró un amparo relacionado con el uso de agroquímicos, consideran que la medida resulta insuficiente mientras no existan garantías para su cumplimiento y una protección integral del ecosistema.

Leydy Pech, defensora maya y guardiana de las abejas, afirmó que la situación ambiental de la península requiere respuestas urgentes.

“Ya no es una solicitud sino una exigencia. Lo que estamos pidiendo son acciones concretas porque el pueblo maya ha declarado que existe una emergencia socioambiental en la península de Yucatán”, indicó.

Las comunidades y organizaciones que acompañan los procesos señalaron que la intervención de la SCJN podría sentar precedentes nacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, la protección del medio ambiente y los límites de proyectos que puedan afectar territorios comunitarios.