Crean Observatorio por la libertad de expresión y la protesta
Somos Periodistas, Igualdad Sustantiva Yucatán, Reflexión y Acción Feminista y Kanan Derechos Humanos se alían para documentar agresiones, restricciones y casos de criminalización contra periodistas, activistas, personas defensoras y comunidades.
Por Redacción
Mérida, Yucatán, 9 de septiembre de 2026.– Cuatro organizaciones de la sociedad civil presentaron el Observatorio Peninsular por la Libertad de Expresión y la Protesta, un espacio que busca documentar y visibilizar las agresiones y restricciones que enfrentan periodistas, personas defensoras de derechos humanos, activistas, colectivas y comunidades, además de articular respuestas frente a amenazas y actos de criminalización.
El Observatorio está integrado por Somos Periodistas, Igualdad Sustantiva Yucatán, Reflexión y Acción Feminista y Kanan Derechos Humanos, organizaciones que desde distintos ámbitos han acompañado casos relacionados con la libertad de expresión, la protesta social, la defensa de derechos humanos y la defensa del territorio.
Durante la presentación, Roberto Sánchez, de Kanan Derechos Humanos, explicó que esta articulación surgió de un trabajo que las organizaciones han desarrollado durante los últimos dos años frente al panorama de criminalización de periodistas, activistas, personas defensoras de derechos humanos y del territorio.
“Ahora se trata de dar seguimiento”, señaló.
Brenda Ortiz, de Reflexión y Acción Feminista, afirmó que en Yucatán incluso el Estado utiliza estrategias de criminalización contra quienes participan en manifestaciones.
“En los últimos 10 años hemos observado que se invierten recursos para replicar actos de criminalización en manifestaciones, por ejemplo”, indicó.
Kelly Ramírez Alpuche, de Igualdad Sustantiva Yucatán, señaló que la conformación del Observatorio responde a la necesidad de dar seguimiento a estos actos y evitar que continúen ocurriendo en la entidad.
También llamó a retomar las iniciativas que ya han sido presentadas para reformar las leyes y evitar la criminalización de la labor periodística y los actos de censura.
Expuso que desde su labor conocen casos de niñas en condiciones de alta vulnerabilidad que no son visibilizados debido a las restricciones que enfrentan periodistas para abordar determinadas problemáticas.
Una agenda que ya llegó al Congreso
La creación del Observatorio es resultado de un proceso de colaboración que comenzó a consolidarse desde 2025. En octubre de ese año, las organizaciones, en alianza con Amnistía Internacional, presentaron una propuesta para eliminar disposiciones legales que consideran susceptibles de ser utilizadas para criminalizar la labor periodística, la defensa de derechos humanos y la protesta social.
Javier Escalante, de Somos Periodistas, señaló que Yucatán es uno de los pocos estados del país donde todavía se contempla cárcel para la injuria, la difamación y la calumnia, agrupadas como delitos contra el honor.
“Estos ya no pueden existir en los Códigos Penales, así que en conjunto hemos hecho esta propuesta a la legislatura pasada y a la actual. Hoy no queremos quedarnos sólo con esto, sino darle seguimiento”, señaló.
La propuesta plantea una reforma a diversas disposiciones de los códigos Penal y Civil del estado. Entre sus puntos centrales está la derogación de los llamados delitos contra el honor y la modificación de figuras como “ataques a las vías de comunicación y medios de transporte”, “desobediencia y resistencia de particulares” y “ultrajes a la moral y las buenas costumbres”.
Las organizaciones consideran que estas figuras pueden representar un riesgo para quienes participan en protestas o procesos de defensa territorial, al permitir que determinadas acciones sean utilizadas para iniciar procesos penales o justificar detenciones.
En este contexto han señalado casos de comunidades mayas como Sitilpech, Chapab, Santa María Chí e Ixil, cuyos procesos de protesta y defensa de sus territorios han puesto bajo discusión la actuación de instituciones de seguridad y justicia.
La propuesta fue presentada públicamente el 23 de octubre de 2025, durante el Foro Derecho a la Protesta, y entregada formalmente al Congreso del Estado al día siguiente.
El 4 de mayo de 2026, las organizaciones llevaron nuevamente la discusión al Legislativo mediante un foro público con la participación de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía. En ese encuentro insistieron en la necesidad de armonizar la legislación estatal con estándares de derechos humanos.
Documentar para defender
Además de impulsar una agenda de incidencia, el Observatorio generará información para conocer cómo, dónde y bajo qué condiciones se ejercen la libertad de expresión y el derecho a la protesta en Yucatán.
La documentación buscará identificar patrones de agresión, criminalización y restricciones, así como evitar que los casos permanezcan aislados o invisibilizados.
También permitirá construir una memoria sobre las agresiones y obstáculos que enfrentan periodistas, personas defensoras, activistas, colectivas y comunidades, con la intención de generar herramientas para exigir respuestas institucionales y cambios legales.
El Observatorio Peninsular por la Libertad de Expresión y la Protesta se plantea así como un espacio de documentación, acompañamiento, incidencia y acción colectiva para fortalecer la defensa de estos derechos en Yucatán.
