Detectan contaminación en 17 pozos y cenotes de Yucatán por coliformes fecales y nitratos
Greenpeace México reporta contaminación bacteriológica y química; comunidades mayas exigen inspecciones, sanciones a granjas porcícolas y reparación del daño ambiental.
Por Redacción
Mérida, Yucatán, 20 de octubre de 2026.- Un análisis de calidad del agua realizado por Greenpeace México en 17 pozos y cenotes de siete localidades de Yucatán detectó concentraciones elevadas de contaminantes químicos y bacteriológicos, mientras comunidades mayas denuncian la falta de resultados de las autoridades ambientales frente a los posibles daños asociados con la actividad porcícola.
Los resultados corresponden a muestras tomadas en agosto de 2026 en Kinchil, Sitilpech, Motul, Chocholá, Molas, Celestún y San Antonio Tedzidz. De acuerdo con el informe, 16 de las 17 muestras alcanzaron el límite superior de medición para coliformes totales y 13 registraron más de mil 800 NMP por cada 100 mililitros de coliformes fecales.
El estudio también identificó nitratos en la mayoría de las muestras. Dos, correspondientes a Motul y Chocholá, superaron la referencia de 50 miligramos por litro citada por la organización con base en la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, se reportaron concentraciones elevadas de demanda química de oxígeno, fósforo y sólidos suspendidos en distintos puntos.
Greenpeace advierte que los resultados evidencian contaminación en los sitios analizados, aunque precisa que este muestreo no permitió determinar por sí solo el origen específico de las excretas detectadas.
La Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya To’oné Ja’o’on sostiene que estos hallazgos se suman a estudios previos que, mediante el método Pig2Bac, identificaron contaminación de origen porcino en cinco puntos de Yucatán. Según la organización, los análisis fueron realizados en 2024 y 2026 con participación de laboratorios de la Universidad Johns Hopkins y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Un año de denuncia y procedimientos pendientes
A un año de presentar una denuncia popular ante autoridades federales, la Red To’oné Ja’o’on acusa a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de mantener pendientes en materia de inspecciones, procedimientos administrativos, sanciones y reparación del daño ambiental.
Entre las instalaciones denunciadas se encuentran las granjas GARY 5 y 6, en Chocholá; MOBA, en San Fernando, Maxcanú; y los complejos porcícolas Kekén 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ubicados en zonas cercanas a Kinchil y Celestún.
La Red señala que algunos de estos establecimientos tienen antecedentes de inspecciones, irregularidades detectadas, multas y clausuras temporales. También informa que la Profepa inspeccionó instalaciones de GARY y MOBA en junio de 2026, pero que los resultados seguían en análisis al momento de elaborar el pronunciamiento.
Para las comunidades, la apertura de expedientes no basta si no se traduce en medidas que prevengan la contaminación, protejan las fuentes de abastecimiento y obliguen a las empresas a cumplir la normativa ambiental.
Otro de los puntos cuestionados es el convenio de coordinación suscrito por autoridades federales y estatales para trasladar al gobierno de Yucatán atribuciones relacionadas con la evaluación del impacto ambiental de las unidades de producción porcícola.
De acuerdo con la Red, el acuerdo se estableció sin consulta ni participación de las comunidades afectadas y fue impugnado mediante un juicio de amparo. La organización señala que la Jueza Tercera de Distrito en Yucatán concedió una suspensión definitiva.
La Red también cuestiona que la Profepa haya sostenido reuniones con empresarios del sector porcícola y autoridades estatales sin incorporar a los pueblos afectados en un mecanismo de diálogo y seguimiento.
Alertan por traslado de cerdos cerca de Cuxtal
La organización advierte sobre la situación posterior al cierre de la granja porcícola Santa María, también identificada como San Gerardo, en Santa María Chí, donde sigue pendiente, según su pronunciamiento, el estudio del daño ambiental necesario para avanzar en su reparación integral.
Asimismo, refiere reportes publicados en septiembre de 2026 por Jaltún y Por Esto! sobre el traslado de miles de cerdos a instalaciones en las zonas de Tepacal y San Antonio Tzacalá, a aproximadamente 15 kilómetros de Molas, que la Red vincula con la misma empresa que operaba la granja clausurada.
El posible traslado de operaciones preocupa a las comunidades por sus implicaciones ambientales y por la cercanía de Molas con la Reserva Ecológica Cuxtal, zona estratégica para el abastecimiento de agua de Mérida.
Ante esta situación, la Red exige que se esclarezca el destino de los animales, se verifique la situación ambiental de las instalaciones receptoras y se publiquen los resultados de las inspecciones. También pide que se determinen las responsabilidades correspondientes y se garantice la reparación del daño en Santa María Chí.
Comunidades exigen monitoreo y reparación del daño
Entre sus demandas, la Red To’oné Ja’o’on plantea inspecciones ambientales transparentes en las granjas denunciadas, publicación de los resultados de los procedimientos administrativos y de las sanciones impuestas, así como un programa independiente, periódico y participativo de monitoreo de pozos, cenotes y otras fuentes de abastecimiento.
También solicita investigar la mortandad de peces reportada en la laguna ubicada entre Kinchil y Maxcanú, determinar posibles responsabilidades y establecer medidas para evitar que continúen los daños ambientales.
La organización pide, además, investigar y sancionar las instalaciones que incumplan la normativa, aplicar clausuras cuando legalmente corresponda y garantizar el derecho de los pueblos mayas al agua limpia, a un medio ambiente sano, a la información y a participar en las decisiones que afecten sus territorios.
Greenpeace México, por su parte, plantea fortalecer la vigilancia ambiental y adoptar medidas preventivas ante la degradación del acuífero, incluida una moratoria a nuevas instalaciones y ampliaciones de la producción ganadera industrial en la Península de Yucatán.
A un año de la denuncia popular, las comunidades sostienen que las autoridades deben pasar de los procedimientos administrativos a resultados verificables que permitan proteger el agua, atender las afectaciones y garantizar la reparación del daño ambiental.
