El feminicida de Emma Gabriela ha tramitado más de 120 amparos para frenar la justicia
Doña Ligia Canto solicitó el apoyo del ministro de la SCJN, Alberto Pérez Dayán, para que se revise el uso indiscriminado de amparos por parte de Martín Alberto Medina Sonda, feminicida de su hija.
Por Líneas Emergentes
Mérida, Yucatán, 26 abril de 2024.- Doña Ligia Canto Lugo se acercó ayer en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, con quien intercambió lagunas palabas y le entregó una carpeta con una larga lista de asuntos.
La charla fue breve. Doña Ligia firme como siempre, le señaló un par de cosas de los documentos, mientras el ministro la escuchaba y asentía con la cabeza. Luego de ello, la madre de Emma Gabriela Molina Canto, víctima de feminicidio hace 7 años, tomó caminó para salir de uno de los salones del Centro de Convenciones Siglo XXI de Mérida, donde se llevó a cabo el quinto Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia.
“Vine a hacer una petición, a ver si existe alguna manera de que a los ciudadanos nos protejan, en este caso es a mi familia, en el caso de mi hija Emma Gabriela Molina Canto”, expuso.
Doña Ligia entregó al ministro una larga lista de amparos y demás que el feminicida de su hija ha tramitado para frenar la justicia.
“Este señor, Martín Alberto Medina Sonda, ha hecho uso indiscriminado de lo que es el amparo; hablamos de que hay más de 120 amparos, quejas, amparos en revisión, amparos directos, indirectos y demás”, comentó.
Dijo que no es posible que ella y su familia sigan siendo revictimizados, porque la promoción indiscriminada de los amparos solo ha obstaculizado la justicia.
“Esta herramienta (amparo) debería ser una herramienta para permitirnos el acceso a la justicia y no al revés. Le pedí al ministro que se observe esto y que en un momento dado, si existe alguna forma de limitar el uso o que se agilicen los que están en estudio, que se pueda hacer”, expuso.
Puso como ejemplo que hay amparos que llevan año y medio y hasta más de dos años ante el tribunal Colegiado que no se han resuelto y todo ello impide que se haga justicia para ella, para su hija y para su familia.
