Evidencian a Yucatán, “es seguro, pero ¿para quién?”

Por Cecilia Abreu

“Este posicionamiento busca llamar la mirada del Gobierno para que puedan aumentar todas las medidas necesarias, no solamente de capacitación y concientización con sus fuerzas policiacas, sino que también puedan desarrollar los instrumentos adecuados para poder garantizar que las personas manifestantes, periodistas y, en general, toda la población de Yucatán pueda vivir su vida libre de violencia, que puedan transitar por las calles con seguridad de que no van a ser detenidas de forma arbitraria o violentadas por un aperfilamiento racial“.

María Paula Balam Aguilar, directora ejecutiva del Centro de Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi)

Centro de Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi) y Elementa Derechos Humanos (Elementa DDHH) realizaron un monitoreo que culminó en el informe “Detenciones arbitrarias y abuso policial en Yucatán” y la campaña “Rostros y voces de la criminalización”, donde evidencian con 24 casos de personas afectadas por estas situaciones.

María Paula Balam Aguilar, directora ejecutiva del Cejudi, dio a conocer que encontraron necesario realizar este monitoreo debido al uso de la fuerza y presencia desproporcionada de policías en manifestaciones, así como agresiones contra periodistas; la mayor prevalencia de la situación fue en Mérida, pero también identificaron estas circunstancias en Progreso, Ticul, Umán, Tekax.

Las detenciones arbitrarias son la problemática con mayor incidencia, con 36 por ciento, así como el uso de la fuerza con 42 por ciento de los casos documentados -que fueron 24-; estos, ocurren en “revisiones de rutina”, retenes y cateos principalmente.

En el caso de las manifestaciones, declaró que han identificado que la cantidad de elementos policiales son desproporcionales especialmente cuando son concentraciones feministas con mujeres jóvenes. Recordó que en el 2019 cinco mujeres manifestantes fueron detenidas en el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer cuando iban a la manifestación, situación que catalogó como “sumamente grave” debido a la presencia de adolescentes.

También recordó que luego del Primer Informe de Mauricio Vila, mientras ocurría una manifestación debido al reemplacamiento, las y los manifestantes fueron gaseados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Apenas en lo que va en este 2023 también ya han habido casos, señaló, por un lado la detención de activistas cannabicxs y por otro a la comunidad de Sitilpech con la presencia de más de 40 policías armados en el bloqueo que realizan para defender su territorio de una granja porcícola.

“Al día de hoy, no existen protocolos adecuados para la atención para el uso de la fuerza pública dentro de las protestas, dentro de las manifestaciones, por lo cual consideramos sumamente importante, no solamente para identificar cuál es el número o la presencia correcta que debe haber por parte de la policía, sino también cómo deben de actuar, qué tipo de armas o cuándo no deben utilizar armas dentro de las manifestaciones”.

En el 2022, registraron 30 casos de violencia contra periodistas en Yucatán, colocando a la entidad yucateca como la segunda con mayor violencia de este tipo, señaló.

Olimpia Martínez Ramírez, integrante de Elementa DDHH, señaló que una de las preocupaciones de las dos organizaciones es que “no son cualquier persona las que detienen en la calle, no son solamente revisiones de rutina, no son solamente reportes anónimos de alguien que escuchó escándalos por la calle, la preocupación es que están deteniendo personas con cierto perfil de color de piel, identidad de género“.

“Hay un patrón de violencia sistémica que el Estado de Yucatán está llevando a cabo en contra de las personas racializadas, esto nosotras lo hemos denominado intolerancia selectiva porque, efectivamente, el Estado de Yucatán siempre dice que es un Estado seguro, ¿pero seguro para quién nos preguntamos nosotras? En realidad no es seguro para las personas mayahablantes, no es seguro para las personas indígenas, no es seguro para las mujeres, tampoco es seguro para las personas de la comunidad LLGBTTI+”.

En el 70 por ciento de las detenciones arbitrarias las personas detenidas reportan agresiones físicas, verbales, amenazas, hostigamiento y hay quienes reportan incluso abuso sexual y hasta hay un caso de homicidio que aún no ha sido clarificado, “esto nos lleva a pensar que Yucatán sí es un Estado seguro, pero ¿para quién?“.

“No es el número de casos, me parece que con uno que exista ya es suficientemente alarmante, lo que sí queremos decir es que ha sido una consistencia en los años y las formas, el patrón que tiene la policía para detener a las personas es muy alarmante”.

Con una solicitud de acceso a la información que realizaron hacia la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), informó que de 2020 a 2023 hubo 376 quejas contra la SSP por detenciones arbitrarias con casos inhumanos, crueles o degradantes o casos de tortura, secretaría que encabeza la lista de quejas de dicha comisión. Lamentó que la Codhey sea “complaciente” con el Estado, pronunciándose por casos de tortura como si se trataran de “tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Las detenciones suelen caracterizarse por no darles motivos para la detención y en 73 por ciento de los casos las personas son acusadas de “faltas cívicas o faltas administrativas”, sin informarles cuáles son esas causas en concreto. “Esta observación tiene la intención de llamar a que la Secretaría de Seguridad Pública tiene que tener un registro, no solo de las detenciones, sino de los motivos por los que detiene a las personas y por qué las presenta al juzgado cívico o al Ministerio Público”.