Exigen a la UADY un protocolo funcional, crean uno y lo presentan

Por Cecilia Abreu

Como una exigencia más por estudiar en espacios seguros, UADY Sin Acoso se unió con presidencias y consejerías estudiantiles y pidió apoyo a la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE) y el Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi) para crear un Protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia basada en el género y discriminación para la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY); luego de poco más de un año, ayer lo presentaron ante el Consejo Universitario.

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¿Qué involucra el nuevo protocolo?

La representante de Cejudi, María Paula Balam Aguilar, informó que el documento que crearon en conjunto es ahora breve, conciso y claro, pero también contiene anotaciones para que, quien así lo desee, pueda consultar la información sobre la cual se basaron para realizarlo.

Proponen que no solamente consideren sanciones ante los hechos de violencia y/o discriminación, sino que también haya reparación del año y medidas de protección para las víctimas; además, involucran varios puntos que, aunque el protocolo anterior (aún vigente) no excluye, tampoco implementa de forma explícita, tales como la violencia digital, la comunidad LGBTTIQA+ y el derecho de autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes.

La falta de estas últimas cláusulas, de manera expresa, en el protocolo anterior, obstaculizaba las denuncias y, en el caso de la comunidad diversa, “identificamos al hablar con las personas de la universidad, que muchas personas de la comunidad LGBT+ no sentían que el protocolo les aplicara”, además, en el caso de las jóvenes menores de edad, no podían decidir sobre sus propios procesos sin autorización de madres, padres, tutoras o tutores.

Con este protocolo, quieren cambiar el paradigma y, por eso, fue realizado con representaciones estudiantiles, organizaciones, realizando reuniones de trabajo para identificar las necesidades, “esperamos que sea el primer paso para realmente generar espacios libres de violencia en la universidad”.

Es de destacar que, con solicitudes de información, encontraron que, mientras UADY Sin Acoso recibía alrededor de 500 quejas anuales por violencia sexual, acoso u hostigamiento, la casa de estudios únicamente recibió 23 en 2019, 15 en 2020 y dos en 2021, por lo que notaron la disminución de la confianza en el protocolo y la institución, pero no en los hechos de violencia; “las estudiantes tienen miedo de usar el protocolo por experiencias de otras compañeras”.

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¿Cuáles eran las deficiencias del protocolo de la UADY?

Ana Ramírez, representando a UADY Sin Acoso, informó que desde la creación de la colectiva en 2019 han encontrado la urgencia de un protocolo funcional para las denuncias pues, aunque existía una propuesta del Programa de Género de la universidad en ese momento no lo deban a conocer y fue hasta que hubo un caso de violencia que resonó en la institución que éste vio la luz, en ese mismo año.

Ya con este protocolo puesto en marcha, la impunidad y la baja definitiva de la escuela por parte de las víctimas continuó, fue así como decidieron poner en marcha el trabajo para crear uno que cubriera las necesidades de las alumnas, por lo cual, acudieron por apoyo con UNASSE y Cejudi.

Amelia Ojeda Sosa, representante de UNASSE, expuso que el protocolo aún vigente de la UADY presenta diversas problemáticas que frenan el acceso a las víctimas, tan solo al recibirlo, pudo notar la primera situación, señaló, dado que su extensión es excesiva, con muchísima teoría obsoleta y carente de los principios de derechos humanos.

Visibilizó también que utilizan el concepto de confidencialidad, pero en contra de las víctimas, pues es manejada como “secrecía”, ya que piden a la víctima no hablar en ningún otro medio los hechos que la violentaron, no solamente no la protegen, sino que la ponen en riesgo; por si fuera poco, apuntó, notificaban al agresor, señalando quién emitió la queja, para que acuda una reunión.

“Esto ponía en riesgo a la estudiante que estuviera presentando la queja porque entre el momento en que se recibe la notificación y el momento en que se lleva a cabo la reunión hay un lapso en el cual ella puede sufrir todo tipo de agresiones mayores de intimidación para que quite la queja”.

Lamentó que, además, en el caso de las jóvenes menores de edad, aunque ellas quisieran continuar con el protocolo, si quienes tienen su patria potestad decían que no, entonces el proceso se daba por concluido. “En lugar de que, desde la universidad, de oficio prácticamente se iniciase”.

Si había muchos casos que acusaran a la misma persona, tendría que investigarse, sin embargo, esto tampoco ocurría, señaló. El protocolo: “Era totalmente obsoleto, no era práctico y, precisamente por eso, no sabemos que se haya resuelto satisfactoriamente algún caso”.