“La movilidad no es propaganda”: estudiantes exigen un transporte digno y sin tintes políticos

Entregaron pliego petitorio en Palacio de Gobierno; acusan opacidad y decisiones tomadas “desde un escritorio”, piden reestructurar la ATY y la salida de su titular, participación ciudadana real y tarifa social garantizada para todos. 

Por David Rico

Mérida, Yucatán, 5 de octubre de 2025.– Un grupo de estudiantes realizó este domingo una protesta frente a Palacio de Gobierno para exigir soluciones reales ante la crisis del transporte público en Yucatán. Denunciaron la falta de unidades, los problemas operativos y pidieron que la transformación del sistema incluya a la sociedad civil y no a “expertos” que desconocen el contexto local.

Durante la manifestación, los jóvenes exigieron de forma reiterada la salida del director de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), señalando que, si no puede resolver el problema, debe dejar el cargo.

Tras la protesta, en la que participaron cerca de 50 estudiantes de distintas instituciones, una comisión de cinco jóvenes ingresó a Palacio de Gobierno para entregar un pliego petitorio con demandas puntuales.

Al leer el documento, uno de los voceros, Jesús Humberto, expuso que “la actual turbulencia operativa que afecta a multitudes de usuarios diariamente se manifiesta en paros laborales por falta de pago a operadores, la inaceptable reaparición de autobuses obsoletos sin accesibilidad universal y una creciente desconfianza pública”.

“Rechazamos que la solución se plantee a través de la contratación opaca de ‘expertos’ que desconocen nuestro contexto”, agregó.

Humberto subrayó que el futuro de la movilidad en el estado no debe definirse “en procesos cerrados en un escritorio” ni convertirse en “un instrumento de propaganda política”.

“Es hora de que la ciudadanía, junto con sus instituciones académicas, asuma un rol activo en la mejora de la calidad de vida”, expresó.

“La movilidad es un derecho, no una bandera política”

En el pliego entregado al gobierno, los estudiantes solicitaron la despolitización del sistema de transporte, al afirmar que la movilidad es un derecho fundamental.

“Exigimos que el ‘Va y Ven’ se consolide como una política de Estado, blindada de los ciclos electorales y centrada exclusivamente en el bienestar del usuario”, señalaron.

Plantearon además transitar hacia una gestión ciudadana del transporte, pues consideraron que la estructura centralizada de la ATY “ha demostrado ser insuficiente y opaca”. Por ello, propusieron reformar el organismo y crear un Consejo de Administración Ciudadano.

“Proponemos transformar la ATY en un organismo con participación ciudadana mayoritaria y vinculante, integrado por representantes de la sociedad civil, comunidades estudiantiles, colegios de profesionistas y usuarios. Su función será supervisar la planificación, las finanzas y la operación del sistema, garantizando la máxima transparencia y una visión a largo plazo”, detallaron.

También pidieron un diálogo abierto con escuelas, universidades, académicos y estudiantes para participar en el rediseño de rutas, estudios de demanda y creación de un modelo de gestión social y financieramente sostenible para el sistema “Va y Ven”.

Exigen medidas urgentes y transparencia total

Entre las demandas destaca la aplicación inmediata de un plan que restaure la frecuencia y calidad del servicio, elimine los “servicios emergentes” y retire definitivamente las unidades obsoletas que consideran “un retroceso tangible”.

Asimismo, exigieron la publicación activa de contratos con concesionarios y un desglose detallado del uso de los recursos públicos, además de garantías de pago para los operadores.

Los estudiantes también reclamaron la restitución y garantía de la tarifa social para estudiantes de posgrado.

“El acceso a la educación no debe ser obstaculizado por el costo del transporte. Denunciamos y exigimos la anulación inmediata de la medida que excluye a los estudiantes de posgrado del derecho a la tarifa social, así como el blindaje y garantía de la tarifa social para todos los estudiantes, así como para adultos mayores y personas con discapacidad”, expresaron.

Finalmente, exigieron que cualquier plan contemple la accesibilidad universal como un derecho inalienable.

“Cualquier plan que contemple la adquisición o permiso de unidades no inclusivas, como las que hoy han vuelto a circular, será considerado una grave regresión en materia de derechos humanos”, advirtieron.