Larissa Acosta propone impedir la regularización de obras que dañen el medio ambiente
La iniciativa “Ningún permiso para destruir” plantea demoler construcciones ilegales, restaurar ecosistemas afectados y reforzar los controles ambientales.
Por Redacción
Mérida, Yucatán, 11 de noviembre de 2026.- Impedir que las construcciones que dañen el medio ambiente puedan regularizarse después de haber sido realizadas de manera ilegal es uno de los planteamientos de la iniciativa “Ningún permiso para destruir”, presentada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Larissa Acosta Escalante.
La legisladora, coordinadora de la bancada de MC, señaló que proteger el territorio requiere asumir costos políticos y tomar decisiones para frenar los proyectos que afectan los ecosistemas.
“Un político se va en tres o seis años, pero una selva o un manglar destruido no se recuperan solos”, expresó al referirse a los daños ambientales que permanecen más allá de los periodos de gobierno.
Como ejemplos mencionó el Tren Maya, Topolobampo y la presión inmobiliaria en Chuburná Puerto. También advirtió sobre la vulnerabilidad de Yucatán, cuyo suelo de roca caliza y sus barreras costeras cumplen funciones importantes en la protección del agua y las comunidades.
La propuesta, presentada ante el pleno del Congreso del Estado, contempla cuatro ejes:
- Prohibir los permisos retroactivos. Quienes construyan ilegalmente o destruyan manglares no podrán regularizar posteriormente sus obras. Deberán demoler lo construido y restaurar el ecosistema con recursos propios.
- Estudios y verificaciones en campo. Las evaluaciones ambientales deberán incluir inspecciones físicas, evidencia fotográfica y seguimiento durante un año en zonas vulnerables.
- Evitar conflictos de interés. Los especialistas encargados de las evaluaciones deberán acreditar experiencia y honestidad, además de asumir responsabilidad legal por la información falsa.
- Blindar la protección ambiental. Las medidas de protección no podrán debilitarse por decisiones políticas sin una justificación científica sólida.
Ante los argumentos de que este tipo de disposiciones podrían frenar la economía, Acosta Escalante cuestionó que durante años haya resultado más barato pagar multas que cumplir la legislación ambiental.
“¿Cuánto cuesta recuperar un manglar o perder el agua que consumimos? Lo verdaderamente excesivo es que por años haya resultado más barato pagar una multa que cumplir la ley”, señaló.
La diputada sostuvo que el crecimiento económico de Yucatán no debe sustentarse en la destrucción de sus recursos naturales, el agua y las costas.
“Nuestra generación no debería tener que elegir entre tener oportunidades de desarrollo o un territorio digno donde vivir. No queremos un Yucatán donde el crecimiento de unos cuantos signifique perder el patrimonio natural de todas y todos”, afirmó.
Acosta Escalante indicó que la iniciativa fue elaborada junto con activistas, especialistas y jóvenes defensores del territorio, a quienes agradeció su participación. Entre ellos mencionó a Samuel Castelón, Zulema Puerto, Guillermo Contreras, Sofía Morán, Anthi, Adriana Barredo, Jorge Canto, Adriana Olivera, Fernando Pinto, Andrei Poot, Ana Fajardo, Mariane Peña, Sahian Mena, Valentina Varguez, María Paula Balam, Gonzalo Novelo, Ixchel Pérez, Valeria Aguilar, Sofía Islas, Karina Argueta, Jorge Euan, Dylan Díaz, Feliciano Kú, Gael Pantoja y Paola Ríos Covian.
La iniciativa plantea modificar los mecanismos de evaluación, autorización y protección ambiental para evitar que el incumplimiento de la ley termine siendo una vía para concretar proyectos que afecten el patrimonio natural de Yucatán.
