Persiste un sistema de opresión LGBTfóbico en Yucatán
Según el informe “Amando y Resistiendo” presentado en la CODHEY, la discriminación estructural y las violencias cotidianas siguen limitando el acceso a derechos básicos y profundizando las desigualdades para la población LGBTI+.
Por David Rico
Mérida, Yucatán, a 25 de noviembre de 2025. -En Yucatán persiste un sistema de opresión LGBTfóbica que limita el acceso a derechos básicos y profundiza las desigualdades, advirtió la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CODHEY) al presentar el primer informe del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos «Digna Ochoa y Plácido».
El documento —el primero de carácter institucional en la entidad sobre la situación LGBTI+— pone nombre a deudas históricas, violencias normalizadas y omisiones estructurales que siguen marcando la vida de estas poblaciones.
El estudio, elaborado en cooperación con la Delegación General de Québec en México y la organización Yaaj México, identifica problemas críticos en salud, educación, justicia, empleabilidad y una narrativa pública que reproduce prejuicios y discursos de odio. Las conclusiones y recomendaciones plantean una hoja de ruta de mediano y largo plazo que involucra a los poderes del Estado, los municipios y la sociedad civil para revertir décadas de discriminación.
El informe «Amando y Resistiendo» revela que el derecho más vulnerado en Yucatán es la no discriminación, seguido de la integridad personal y derechos laborales. La CODHEY reconoce explícitamente la existencia de un sistema de opresión LGBTfóbico, así como un rezago institucional en la atención de este grupo poblacional.
También advierte que la mayoría de los casos registrados se concentran en Mérida, pero aclara que la falta de denuncias en el sur, oriente y costa no implica ausencia de violencia, sino un problema de centralismo que profundiza el abandono.
La población trans es la más afectada, seguida de mujeres lesbianas y hombres gay. En salud, el informe documenta prejuicios cisheteronormativos persistentes, falta de capacitación del personal y preocupación urgente por la salud mental. El documento propone la creación de una clínica especializada para personas trans, modelo que ya funciona en la Ciudad de México.
En educación, la investigación advierte bullying sistemático y ausencia de protocolos especializados para proteger a niñeces y juventudes LGBTI+. En materia laboral, se denuncia la criminalización social y normativa del trabajo sexual, así como la falta de políticas de inclusión en instituciones públicas y empresas privadas.
El informe también señala la presencia cotidiana de discursos de odio, especialmente contra personas trans, y la normalización de la ridiculización de identidades LGBTI+ en medios de comunicación.
Entre las recomendaciones más relevantes se encuentran:
- Tipificar el transfeminicidio en Yucatán.
- Derogar el artículo 189 del Código Penal (“peligro de contagio”), por considerarlo una norma discriminatoria hacia personas LGBTI+ y personas que viven con VIH.
- Reformar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación para eliminar su enfoque heteronormado.
- Crear una agencia ministerial especializada en delitos contra personas LGBTI+.
- Garantizar aulas libres de violencia, con atención efectiva a casos de bullying.
- Reconocimiento y registro civil sin obstáculos para hijas e hijos de familias homoparentales y lesbomaternales.
- Reformas a los 106 Bandos de Policía y Buen Gobierno para eliminar la criminalización del trabajo sexual.
- Política integral de salud mental y servicios dignos para personas trans.
- Campañas masivas contra el discurso de odio, con énfasis en la violencia hacia personas trans.
Para la CODHEY, este informe representa una ruptura con inercias institucionales y un compromiso público con la reparación social. «No podemos construir un futuro digno sin reconocer el pasado», afirmó su presidenta, María Guadalupe Méndez Correa.
El Centro «Digna Ochoa y Plácido» subrayó que lo presentado es apenas el primer paso de un proceso continuo de investigación, diálogo y acción. La meta —coincidieron las instituciones participantes— es garantizar que en Yucatán todas las personas puedan amar sin condiciones y ejercer derechos sin restricciones.
