PRI propone elevar a la Constitución el derecho a la protesta en Yucatán
El diputado Gaspar Quintal busca que la Constitución obligue a las autoridades a garantizar y respetar las manifestaciones, tras años de episodios de gas lacrimógeno, detenciones y uso excesivo de la fuerza en Yucatán.
Por Redacción
Mérida, Yucatán, a 11 de diciembre de 2025.- El diputado del PRI Gaspar Quintal Parra colocó en la agenda legislativa el tema que, a su juicio, Yucatán sigue sin resolver: la ausencia de garantías efectivas para ejercer el derecho a la protesta. Ante el Congreso del Estado presentó una iniciativa para elevar ese derecho a rango constitucional y obligar a las autoridades a garantizarlo, protegerlo y respetarlo, sin espacio para decisiones discrecionales.
El legislador abrió su posicionamiento con una advertencia: “Protestar no es un delito ni una amenaza, es el derecho del pueblo valiente”. Sostuvo que mientras la democracia no proteja plenamente la manifestación pública, permanece incompleta.
La propuesta incorpora un punto adicional: crear, vía legislación secundaria, mecanismos claros de protección para periodistas y observadores de derechos humanos que acompañan las movilizaciones.
En tribuna, Quintal afirmó: “En el PRI tenemos un objetivo claro: que en Yucatán jamás se vuelva a responder con represión cuando la ciudadanía exija justicia”. Argumentó que los últimos años evidencian el vacío legal y la falta de protocolos que definan con precisión cómo deben actuar las corporaciones de seguridad.
Enumeró episodios que, dijo, marcaron un retroceso: el uso de gas lacrimógeno por parte de la Secretaría de Seguridad Pública durante un informe de gobierno el 21 de enero de 2020; la criminalización de pobladores mayas de Sitilpech ese mismo año al defender “su derecho al agua, su territorio y su vida”; la detención de dos jóvenes tras una marcha por el Día Mundial del Agua en 2023; la respuesta con fuerza a la movilización masiva del 8 de marzo de 2025; y el gas lacrimógeno utilizado contra maestras y maestros el 20 de marzo de este año en el Centro Histórico.
“Estos casos son la consecuencia de un vacío legal que permite que la autoridad decida, según su conveniencia, cuándo la protesta es aceptable y cuándo no. Y en un Estado de Derecho, eso es inaceptable”, recalcó.
La iniciativa obliga a la Secretaría de Seguridad Pública a elaborar un protocolo basado en estándares internacionales, que garantice la seguridad de las personas manifestantes y prohíba expresamente la represión, la dispersión violenta y el uso de fuerza letal o excesiva.
Quintal cerró con un mensaje político: “Una democracia donde la gente tiene miedo de protestar, deja de ser democracia. Yucatán merece más. El Pueblo merece más. No podemos seguir permitiendo que el derecho a protestar dependa del criterio discrecional de una autoridad. Quienes protestan no son enemigos del Estado. Son el Pueblo valiente, cuya voz es la fuerza que mueve a Yucatán”.
