Santa María Chi: sigue pendiente la reparación del daño tras el cierre de la granja
El comisario Wilberth Nahuat cuestiona que Profepa haya realizado un monitoreo limitado de los pozos y advierte que la comunidad no permitirá nuevos avances mientras no se conozcan las afectaciones y cómo serán reparadas.
Por David Rico
Mérida, Yucatán, a 9 de septiembre de 2026.- El cierre de la granja porcícola de Santa María Chi puso fin a años de lucha de la comunidad, pero para sus habitantes el proceso no ha concluido. Sigue pendiente determinar el alcance de las afectaciones provocadas por la operación de la granja y establecer cómo serán reparadas.
Wilberth Nahuat, comisario de Santa María Chi, cuestionó que esa parte del proceso no haya avanzado y puso el acento en la actuación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), particularmente en los trabajos para determinar las posibles afectaciones al agua.
“En eso estamos: en cómo ejercer el daño y cómo se va a reparar”, señaló.
La Granja Porcícola Santa María, operada por Pecuaria Peninsular, fue clausurada de manera total y definitiva por Profepa después de años de denuncias de la comunidad. El retiro de los 41 mil 570 cerdos concluyó en abril pasado.
Sin embargo, el cierre de la granja no implica que haya concluido el proceso para determinar las afectaciones ambientales. Profepa estableció que la empresa debía presentar un Estudio de Daño Ambiental y, a partir de sus resultados, ejecutar las acciones correctivas y de compensación que correspondan, bajo la verificación de la propia Procuraduría.
Ese es precisamente el punto que la comunidad mantiene bajo cuestionamiento.
Un monitoreo que no convence a la comunidad
Nahuat relató que personal de Profepa llegó a la comunidad para realizar muestras de agua sin previo aviso y cuestionó el alcance de los trabajos.
“Nosotros hemos monitoreado en la comunidad más de 15 pozos, pero ellos solamente monitorearon uno”, afirmó.
El comisario señaló que otros muestreos fueron realizados en sitios más alejados, mientras que, a su juicio, no se revisaron con la misma atención pozos ubicados en comunidades cercanas a Santa María Chi.
“¿Por qué no monitorear Montserrat, Chilungá, Chelo? Está cerca y alrededor para ver ese impacto y ese daño”, cuestionó.
Para el representante comunitario, la selección de los puntos de muestreo genera dudas sobre la posibilidad de conocer realmente el alcance de una eventual contaminación.
“Lo vemos como una estrategia de ellos para decir que no hay esa contaminación”, sostuvo.
La exigencia de la comunidad es que la evaluación permita determinar qué ocurrió con el agua y con el territorio después de años de operación de la granja, antes de dar por cerrado el proceso.
El desmantelamiento y el traslado hacia Molas
Nahuat también señaló que el desmantelamiento de las instalaciones avanzaba de manera parcial. De las 72 naves de la granja, dijo, solamente cinco habían sido desmontadas cuando la comunidad detectó que parte del material estaba siendo trasladado hacia la zona de Molas.
“Justo cuando terminaron de desmantelar esas cinco naves fue cuando se dieron cuenta de que estaban trasladando todo a la infraestructura de Molas”, relató.
El señalamiento coincide con la preocupación expresada por habitantes de Molas sobre el movimiento de unidades y la presencia de actividad porcícola en comunidades de esa zona.
Rogelio Narváez, habitante de Molas, afirmó que después del cierre de Santa María Chi parte de los animales se fueron distribuyendo hacia otras unidades ubicadas en los alrededores y denunció el paso de camiones y los malos olores que generaba su tránsito.
El señalamiento será abordado por separado, pero para Santa María Chi representa un elemento adicional dentro de un proceso que la comunidad considera todavía inconcluso.
No dar por cerrado el proceso
Nahuat sostuvo que la comunidad no está dispuesta a permitir que se avance sin conocer primero el resultado de la evaluación de daños.
“La propuesta es insistente: quieren ir a la comunidad, pero no lo vamos a permitir hasta no tener el estudio del daño”, afirmó.
También señaló que el estudio elaborado por la empresa no ha sido entregado formalmente a la comunidad.
Mientras eso no ocurra, dijo, los habitantes continuarán vigilando el proceso.
“Mientras no haya eso, nosotros seguiremos pendientes de esa situación”, advirtió.
El cierre de Santa María Chi fue el resultado de años de lucha comunitaria. Ahora el reclamo se concentra en una cuestión concreta: determinar qué daños dejó la operación de la granja y que las medidas para repararlos realmente se lleven a cabo.
