Se realizó un volanteo masivo con personal de las 31 unidades administrativas para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada expuso que el objetivo es fortalecer el empoderamiento de las mujeres, combatir los índices de violencia de género y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades
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Se han detectado 14 municipios donde hay riesgo de violencia post electoral en el día que inició de manera oficial
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La consejera general del Instituto Nacional Electoral, Norma Irene de la Cruz Magaña, puso como ejemplo la Ley 3 de 3 de Yucatán, “muy bonita”, pero sin recursos para su aplicación ni se armonizaron las leyes secundarias para hacer los registros respectivos.
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Combativa, de pie, aunque cansada, con el dolor y la tristeza en el rostro, pero siempre firme, doña Ligia Canto
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El IEPAC y el Poder Judicial firmaron el acuerdo para constatar que personas candidatas no hayan ejercido violencia de género o sexual, ni sean deudores alimentarios morosos.
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Proyecto STEM-UADY enseña a jóvenes a combatir el acoso, el bullying y la extorsión en internet.
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El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) declaró la existencia de violencia política en razón de género contra las
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Los candidatos federales a diputaciones y senadurías por Yucatán serán sometidos a la verificación del Mecanismo de Verificación 8 de 8 en Contra de la Violencia Política hacia las Mujeres en Razón de Género.
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El Instituto Electoral (IEPAC) aprobó un procedimiento para revisar a fondo que candidatos a la gubernatura, alcaldías y diputaciones, no sean violentadores y cumplan con lo que marca la Ley 3 de 3. En próximos días firmarán un convenio con el Poder Judicial.
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Itzel Loría Poot, es una mujer indígena de escasos recursos y con una larga historia de violencia, quien actualmente se encuentra en prisión tras una sentencia condenatoria de 30 años por un homicidio en defensa propia, por parte de un Tribunal que fue omiso en juzgar con perspectiva de género, en una sentencia injusta, revictimizante y una expresión de violencia institucional por parte del sistema de justicia de Yucatán.
Existen claras y graves omisiones, tanto por parte de la Defensoría Pública del Estado de Yucatán, como por parte del Tribunal que dictó la sentencia.
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