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Un martirio tomar transporte público en el Campus de Ciencias Sociales de la UADY

El Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida realizó un recorrido por el camino que los estudiantes tienen recorren para tomar el transporte Va y Ven y tienen que sortear puestos ambulantes, vehículos estacionados que ocupan todo el acotamiento, charcos, maleza, postes y señales mal instaladas, además de tener que caminar en el arrollo vehicular, con el riesgo que ello conlleva.

Por DRV

Mérida, Yucatán, 13 septiembre de 2022.- A raíz de la protesta que realizaron estudiantes del Campus de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), exigiendo banquetas e infraestructura peatonal segura para quienes se desplazan cotidianamente del paradero del Circuito del Va y Ven, el Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida realizó un análisis al recorrido.

Lo que encontró es que los y las estudiantes deben recorrer un camino tortuoso, ya que, además de tener que caminar una distancia de casi un kilómetro tan solo para llegar a la caseta de acceso al Campus, enfrentan condiciones hostiles y peligrosas.

En información publicada en su página de Facebook, la organización señala que en  una revisión cualitativa de este tramo de la Carretera Federal 176 Mérida-Motul, de un total de 987 metros de recorrido, tan solo la mitad del recorrido (495 metros) dispone de algún tipo de banqueta con material de concreto, los cuales se han construido como obras complementarias de otros proyectos de mayor envergadura (la implementación de la ruta SITUR y la construcción del Paso Superior Vehicular de 2017)

“En los restantes 492 metros donde aún no se cuentan con banquetas, las personas se deben sortear puestos ambulantes, vehículos estacionados que ocupan todo el acotamiento, charcos, maleza, postes y señales mal instaladas”.

“Existen por lo menos 136 metros donde peatones tienen que andar sobre carriles de desaceleración y accesos vehiculares de gasolineras y otros establecimientos comerciales, quedando completamente a merced del tránsito vehicular motorizado de alta velocidad y de los camiones de alto tonelaje”, señala el texto.

Además, apunta que, como toda carretera en zonas suburbanas, presenta ya una considerable afluencia peatonal, especialmente durante las mañanas y las tardes, la cual probablemente ha crecido a un ritmo mayor tras la puesta en marcha del Circuito Va-y-Ven.

“Éste es el reflejo de apostarle a un solo modo (el transporte público) sin considerar su interacción con otros modos de desplazamiento. De ahí en nuestra insistencia al Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial y al Ayuntamiento de Mérida sobre el abordaje integral de las políticas de movilidad segura y sostenible”, agrega.

Expone que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, vigente desde mayo de 2022, establece que los tres niveles de gobierno, en el ámbito de sus competencias, “considerarán criterios en el diseño y operación de la infraestructura vial, urbana y carretera, para garantizar una movilidad segura, eficiente y de calidad”, de los cuales destaca el Diseño Universal, la Calidad y la priorización a los grupos en situación de vulnerabilidad (Art. 35). “La prioridad en el diseño y operación de las vías y CARRETERAS están definidas en función de la jerarquía de la movilidad mediante un enfoque de sistemas seguros.” (Art. 34)

En el Artículo 67 de la LGMSV, agrega, establece como atribuciones de las Entidades Federativas la celebración de convenios de coordinación con la Federación para la implementación de acciones específicas, obras e inversiones en la materia de movilidad y seguridad vial, mientras que el Artículo 68 señala que a los municipios les corresponde “constituir las instancias locales y de coordinación metropolitana para la implementación de acciones integrales, acciones afirmativas transversales en materia de movilidad”.

“Por lo anteriormente expuesto, las autoridades correspondientes ya no tienen pretextos para hacer caso omiso a esta demanda ciudadana. El hecho de hallarse sobre una carretera federal no les exime de su deber de garantizar el derecho a la movilidad. Si por alguna razón, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se negara a brindar infraestructura segura a peatones, el Gobierno del Estado de Yucatán debe solicitar el cambio de jurisdicción de este tramo a fin de reconvertirla en vialidad urbana e implementar los ajustes pertinentes”, señala.

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