IEPAC promete instalar la Defensoría… luego de casi 4 años en desacato
Moisés Bates aseguró que el órgano operaría este año, tras acusaciones de discriminación y simulación, que han señalado comunidades mayas e indígenas.
Por David Rico
Mérida, Yucatán, a 22 de mayo de 2026.- En medio de los señalamientos por incumplir durante casi cuatro años con la creación de la Defensoría Pública de los Derechos Político-Electorales de Yucatán, el presidente del IEPAC, Moisés Bates Aguilar, aseguró que el organismo prevé ponerla en funcionamiento entre septiembre y octubre de este año.
Las declaraciones ocurren días después de que integrantes de comunidades mayas e indígenas acusaran al instituto de desacatar resoluciones judiciales y mantener en indefensión a grupos históricamente vulnerables, pese a que existe una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que obliga a instalar la Defensoría antes del inicio del próximo proceso electoral.
Durante una entrevista, Bates Aguilar sostuvo que el instituto ya trabaja en el cumplimiento de esa resolución y afirmó que actualmente todos los esfuerzos del organismo están enfocados tanto en la preparación electoral como en la implementación de esta unidad.
“Vamos en estricto cumplimiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Estado que nos vinculó a poder tener ya instalada y en funcionamiento esta unidad antes del inicio del proceso electoral”.
El consejero presidente relacionó además el avance de la Defensoría con la presentación de un glosario electoral en lengua maya, el cual consideró un paso para acercar los derechos político-electorales a las comunidades indígenas.
“Da un paso quizás pequeño, pero muy trascendente para acercarnos a la comunidad indígena y que puedan entender sus derechos en su propio idioma maya”.
Sin embargo, Bates Aguilar reconoció que la implementación se ha frenado por temas presupuestales y de infraestructura. Aunque colectivos indígenas han señalado que ya existe una partida aprobada para 2026, el titular del IEPAC afirmó que el instituto no recibió originalmente recursos suficientes para echar a andar el proyecto.
“El Instituto Electoral cargó con esta obligación legal, pero no fue dotado de presupuesto para poder implementarla y esa era una de las razones por las cuales se había detenido”.
Detalló que inicialmente se estimó un costo de alrededor de 3.5 millones de pesos para habilitar una sede independiente y accesible para la ciudadanía, aunque ante las limitaciones financieras ahora se analiza instalar la Defensoría dentro del propio edificio del IEPAC.
La propuesta actual contempla una estructura mínima integrada por un titular de la Defensoría, un defensor y un técnico especializado.
“Ahorita tenemos presupuestado a un titular de la Defensoría, a un defensor y un técnico especializado”.
Bates Aguilar también confirmó la salida del director jurídico del instituto, cuya renuncia fue presentada por motivos personales y será efectiva el 29 de mayo. Adelantó que deberá proponerse un nuevo perfil ante el Consejo General o designarse a alguien de manera provisional.
La declaración del presidente del IEPAC ocurre bajo presión pública y judicial, luego de que representantes indígenas acusaran al organismo de simulación, discriminación y omisiones sistemáticas en la instalación de la Defensoría, creada legalmente desde 2023 pero aún sin operar en los hechos.
