Poder Judicial defiende imputación a defensores del territorio en Ixil
Aunque se denuncia la criminalización de defensores del territorio, el Poder Judicial justificó la imputación al señalar que la jueza actuó con base en datos expuestos por la Fiscalía sobre presunto despojo de predios en Ixil.
En respuesta, la Fundación Yansa condenó el comunicado emitido por el Poder Judicial, al considerar que evidencia una falta de imparcialidad institucional en el caso de las personas defensoras del territorio de Ixil.
Por David Rico
Mérida, Yucatán, a 13 de mayo e 2026.- El Poder Judicial del Estado de Yucatán defendió la actuación de la jueza de control del Juzgado de Progreso, Suemy del Rosario Lizama Sánchez, en el caso de Ixil, al sostener que el proceso se llevó a cabo conforme a derecho en una investigación por presunto despojo de bien inmueble, en la que activistas han señalado criminalización de defensores del territorio maya.
La institución judicial respaldó la resolución emitida en audiencia pública, al afirmar que se basó en los datos expuestos por la Fiscalía General del Estado, los cuales refieren hechos ocurridos entre 2022 y 2024 en predios de propiedad privada, donde presuntamente se habría impedido el acceso y uso de inmuebles a personas que acreditaron derechos sobre los mismos.
De acuerdo con un comunicado oficial del Poder Judicial, la jueza Suemy del Rosario Lizama Sánchez actuó en estricto apego al Código Nacional de Procedimientos Penales, garantizando el debido proceso, la presunción de inocencia y la protección de los derechos de todas las partes involucradas.
La institución sostuvo que la determinación judicial se encuentra sustentada en los elementos expuestos por la representación social durante la audiencia, y forma parte del desarrollo del proceso penal en curso.
Asimismo, el Poder Judicial informó que se otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, la cual concluirá el 11 de septiembre de 2026, tras la audiencia celebrada en el Juzgado de Progreso.
El organismo reiteró que todas las actuaciones dentro del caso responden al marco legal vigente y a los principios del sistema de justicia penal, subrayando que toda persona imputada debe ser considerada inocente hasta que exista una sentencia condenatoria firme.
En respuesta, la Fundación Yansa condenó el comunicado emitido por el Poder Judicial, al considerar que evidencia una falta de imparcialidad institucional en el caso de las personas defensoras del territorio de Ixil.
La organización sostuvo que el posicionamiento oficial refleja una “inclinación institucional a favor de intereses particulares” y cuestionó que se respalde públicamente la actuación de la jueza de control sin que ésta haya sido revisada por una autoridad jurisdiccional superior mediante los recursos legales correspondientes.
Asimismo, advirtió que este tipo de pronunciamientos “vulneran el principio de imparcialidad” y podrían condicionar indebidamente la revisión de una eventual segunda instancia, aun sin que se haya promovido formalmente el recurso.
Finalmente, la Fundación Yansa exigió una investigación sobre la emisión del comunicado y la destitución de los responsables, al considerar que se transgreden principios de objetividad, neutralidad e imparcialidad en la actuación del Poder Judicial.
